El catálogo de la vergüenza no tiene esperanzas de justicia

La prueba más irrefutable de que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no tiene la real intención de llegar al fondo de las gravísimas sospechas de corrupción alrededor de las declaraciones juradas saltó al conocerse ayer que la Secretaría Nacional Anticorrupción no fue invitada a la formación de una “comisión” del Ministerio Público con Contraloría y Tributación. El catálogo de la vergüenza que ha salido a la luz últimamente merece la atención de todos los organismos de control y justicia del Paraguay. Ese catálogo incluye nombres y cargos tan disímiles en sus roles como parecidos en el crecimiento patrimonial. Hay un rosario de hechos punibles para investigar. Saltan a simple vista, son escandalosos por sí solos, se describen por sí mismos y, lo mejor de todo, son confesos. Sospechas de lavado de dinero, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito y lesión patrimonial, una colección de graves delitos está esperando el concurso de paraguayos y paraguayas honestos, con coraje, pero sobre todo con decencia e integridad.

La prueba más irrefutable de que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no tiene la real intención de llegar al fondo de las gravísimas sospechas de corrupción alrededor de las declaraciones juradas (DD.JJ.) saltó al conocerse ayer que la Secretaría Nacional Anticorrupción no fue invitada a la formación de una “comisión” del Ministerio Público con Contraloría y Tributación. Tamaño despropósito es equivalente a una reunión sobre salud sin Mazzoleni o una sobre Fiscalía sin Sandra Quiñónez. Lo más hilarante de este caso es que la fiscala general conoce perfectamente de qué trata la Secretaría Nacional Anticorrupción porque su hermana María Soledad Quiñónez fue puesta al frente de esa entidad, durante cinco años –hasta el cambio de Gobierno– por el mismísimo Horacio Cartes, el padrino del que Sandra Quiñónez trata de desmarcarse, hasta ahora, sin éxito alguno.

El catálogo de la vergüenza que ha salido a la luz últimamente merece la atención de todos los organismos de control y justicia del Paraguay. Empezando por la Fiscalía General, pasando por la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Contraloría y la Subsecretaría de Estado de Tributación. Este catálogo incluye nombres y cargos tan disímiles en sus roles como parecidos en el crecimiento patrimonial. El exministro de la Corte Suprema Raúl Torres Kirmser –y todavía miembro del Consejo de la Magistratura– tiene un departamento en el edificio Imperatriz de Camboriú. El expresidente y actual titular de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, empezó como un humilde periodista y ahora confiesa departamento y cuentas bancarias en la Argentina. La ministra de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro de Módica tiene cuentas bancarias en Suiza y en los Estados Unidos. El exjefe del Gabinete de Horacio Cartes Juan Carlos López Moreira declara joyas por más de G. 900 millones y aumentó su patrimonio en más de 24.000 millones de guaraníes en un solo año, pero además, mientras era coordinador de Política Energética del Paraguay, la empresa de la que es accionista (President Energy), fue beneficiada con varios permisos de prospección en busca de gas y petróleo. El caso de López Moreira es uno de los más escandalosos porque se aplica el artículo 8° de la ley que sanciona el tráfico de influencia: “Será castigado con pena privativa de libertad hasta diez años al funcionario público que decida, autorice o suscriba actos o contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios indebidos para su provecho personal, para su cónyuge o conviviente, o el de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad” (las negritas son nuestras). Mientras fue jefe de Gabinete de Cartes, su empresa Royal Seguros fue beneficiada con varias operaciones sobre todo en el rubro de obras públicas a tal punto que actualmente está en controversia la póliza del caso Metrobús por más de 40.000.000.000 de guaraníes.

El actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Dany Durand, tiene millonarios fondos en efectivo y está ligado a una de las más escandalosas quiebras sospechada de dolosa, la de la empresa MOCIPAR. El senador Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista) tuvo un crecimiento patrimonial de 1.372% que solo es superado por el polémico colorado, exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento Óscar González Daher, que aumentó su patrimonio en 4.600%: la voz del escándalo de los audios y la justicia confesó que tenía apenas G. 280 millones en su primera declaración jurada en el 2009. En su última ya trepó a G. 13.152.000.000, y eso que en ella no hizo figurar la polémica inmobiliaria Príncipe Di Savoia que encontraron los fiscales el día que allanaron su residencia luqueña.

Los casos citados anteriormente son de por sí un escándalo porque no son hallazgos periodísticos, sino confesiones de los mismísimos afectados. No se trata pues de una suspicacia mediática, sino datos puros y duros que reportaron los protagonistas de estas historias.

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Casi la mayoría de los arriba citados confesaron insólitas adquisiciones o posesión de formidables fortunas que no condicen con los sueldos que recibían en la función pública. Sus activos son tan magníficos que son absolutamente desproporcionales con el nivel de vida y las cuentas bancarias que tenían cuando ingresaron modestamente a la función pública. En algunos de estos casos son tan descomunales los bienes, las acciones, las empresas y las cuentas bancarias reportadas que es imposible dejar de pensar que, si esto fue lo confesado, es altamente probable que las cifras reales sean superiores. Y esto no es algo descabellado considerando que Paraguay es un país donde los cónyuges, hijos, suegros, tíos, primos, jardineros, mucamas y mecánicos de oro han terminado con gigantescas fortunas a su nombre.

Todo lo anteriormente citado es un lamentable catálogo de la vergüenza. Son tantas las fortunas que están saliendo a la luz que la ciudadanía se pone a sumar y en los números escondidos están los medicamentos que faltan, las rutas que nunca se pavimentaron, los puentes que no se hicieron, los alimentos escolares que jamás llegaron; en fin, todo el largo listado de precariedades que nunca se cubrieron descansan en forma de fortunas sospechosamente construidas al ritmo de la función pública.

Y he aquí que en medio del escándalo, la fiscala Liliana Alcaraz, de la Unidad de Lucha contra los Delitos Económicos (UDEA), intervino para decir que las publicaciones de las DD.JJ. no son suficientes para actuar de oficio. Partiendo de silogismos simbólicos, se puede concluir que es altamente probable que la postura de Alcaraz no es solamente la suya, sino sobre todo la de su jefa, la fiscala general del Estado. Alcaraz intenta instalar que la Fiscalía no puede actuar de oficio porque debe haber conductas que sean penalmente relevantes. En su larga disquisición no mencionó ni una sola vez el artículo 290 del Código Procesal Penal que dispone claramente: “El Ministerio Público, al recibir una denuncia o recibir, por cualquier medio, información fehaciente sobre la comisión de un hecho punible, organizará la investigación conforme a las reglas de este código…”.

El actual ministro Anticorrupción René Fernández, también exfiscal de UDEA y colega de Liliana Alcaraz en varias históricas causas de funcionarios públicos sospechados de enriquecimiento ilícito, confrontó ayer la tesitura de su excompañera de trabajo y dijo exactamente lo contrario. Para el ministro Anticorrupción, la oficiosidad se aplica en el caso de las DD.JJ.; son hechos que no necesitan denuncias y que requieren de la aplicación del artículo 290 del Código Procesal Penal. La oficiosidad está también determinada por la propia Ley 1562 orgánica del Ministerio Público en su artículo 5°, donde deja de manifiesto que deben actuar de oficio, sin necesidad de solicitud o impulso.

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Por si les faltaran más argumentos a Quiñónez y su equipo de fiscales, el artículo 42 de la Carta Orgánica del Ministerio Público habla de Intereses Colectivos y que la Fiscalía “podrá promover acciones judiciales en la defensa de bienes o intereses colectivos cuando la comunidad afectada no esté en condiciones de ejercer las acciones o recursos judiciales por sí misma”. El artículo 44° de la misma Ley sobre corrupción establece que el Ministerio Público velará especialmente por controlar y prevenir la corrupción de los funcionarios públicos.

Advertimos con preocupación las señales que está emitiendo el Ministerio Público a cargo de Quiñónez. En estas circunstancias no es paranoico sospechar que la formación de esta “comisión” convocada por la fiscala general podría deberse a la intención de quedarse con la potestad de tomar las decisiones del equipo y controlar las posibles investigaciones que pueda llevar adelante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), cuyo ministro, Óscar Orué, fue el ÚNICO funcionario estatal que hasta ahora salió a pronunciarse contra los hechos que se están haciendo público. Sospechosamente, tras el anuncio de Orué, Sandra Quiñónez se apuró en convocar a una reunión a la SET y a la Contraloría mientras al mismo tiempo su vocera decía que no era suficiente conocer los escándalos para actuar sobre ellos. Así las cosas, Orué estará controlado de cerca por la mismísima fiscala general del Estado, quien ya ha demostrado que su fidelidad está con el cartismo que la puso en el cargo.

Hay un rosario de hechos punibles para investigar. Saltan a simple vista, son escandalosos por sí solos, se describen por sí mismos y lo mejor de todo, son confesos. Sospechas de lavado de dinero, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito y lesión patrimonial, una colección de graves delitos están esperando el concurso de paraguayos y paraguayas honestos, con coraje, pero sobre todo con decencia e integridad. Si tan solo lograran recuperar algo de lo robado, se podría hablar de un Paraguay menos endeudado pero, sobre todo, más justo.

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