Vergonzosos representantes políticos degradan importantes instituciones

Muchos de los candidatos que nos ofrecen los partidos políticos para ejercer cargos electivos son una verdadera vergüenza. Algunos parecen analfabetos funcionales, pero sancionan leyes o representan al Paraguay en organismos internacionales. La cuestión es ubicar a los amigos o a peones que pueden hacer el trabajo sucio cuando se los necesita, aunque ignoren las funciones que van a ejercer. Tal fue el caso, en su momento, del parlasuriano Neri Olmedo, que confesó no tener idea de lo que debería hacer en el Parlamento del Mercosur. Puede que tampoco el diputado Hernán Rivas (ANR, cartista) haya sabido lo que debía hacer en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según se desprende de su grotesca intervención en una de las sesiones, donde tuvo graves dificultades para leer un breve texto escrito en español. No son pocos los legisladores que subordinan el buen funcionamiento de instituciones importantes para el Estado de Derecho a las componendas fundadas en intereses bastardos

Muchos de los candidatos que nos ofrecen los partidos políticos para ejercer cargos electivos son una verdadera vergüenza. Algunos parecen analfabetos funcionales, pero sancionan leyes o representan al Paraguay en organismos internacionales. La cuestión es ubicar a los amigos o a peones que pueden hacer el trabajo sucio cuando se los necesita, aunque ignoren las funciones que van a ejercer. Tal fue el caso, por ejemplo, del parlasuriano Neri Olmedo, que confesó no tener la menor idea de lo que debía hacer en el Parlamento del Mercosur, al que habría arribado tras invertir unos 200.000 dólares. El hecho de que la Constitución no exija que los parlamentarios sean idóneos, no implica necesariamente un cheque en blanco para postular a palurdos.

Puede que tampoco el diputado Hernán Rivas (ANR, cartista) haya sabido antes lo que debía hacer en tal carácter, según se desprende de su reciente grotesca intervención en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a donde fue catapultado irregularmente desde el 9 de junio último, en reemplazo de su colega Ramón Romero Roa (ANR, abdista). En efecto, al emitir un voto, tuvo graves dificultades para leer un breve texto escrito en español. No queremos imaginar lo que ocurriría si improvisara un discurso sobre algún tema. El bochorno no impide a la gente suponer que carece de la idoneidad deseable tanto para legislar como para enjuiciar a magistrados, jueces y agentes fiscales.

Muchos de los conciudadanos del diputado de marras habrán sentido vergüenza ajena al escucharlo hablar de una “facultad regla, regladá, réglada”, pero no así quienes invocaron una “cuestión política” para violar los arts. 3º y 4º la Ley Nº 3759/09. Dicha sensibilidad es incompatible con la cara dura que tuvo el diputado Derlis Maidana (ANR, cartista) cuando basó la arbitraria decisión de reemplazar a Romero Roa en el JEM en una supuesta “pérdida de confianza” en su persona, pese a que este sigue presidiendo la Comisión de Asuntos Constitucionales de su Cámara. Le importó un bledo lo que dichas normas dispongan: “Es lo que quisimos”, dijo muy orondo el citado legislador, uno de los que más se han opuesto a la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercen una función pública. Quizá haya que buscar aquí la razón por la que Romero Roa fue defenestrado para ser sustituido por un notorio incompetente, que ni siquiera podía ejercer su profesión por no estar matriculado. Así de simple y así de perverso fue cometer tan grosero atropello al buen sentido y a la correcta administración de justicia, que, por lo demás, en principio, confirmó la prisión preventiva –decisión modificada luego solo por la presión ciudadana– de quien habría robado tres pomelos y debía ir a la cárcel por “peligro de fuga”, mientras Óscar González Daher, Javier Zacarías Irún, Javier Díaz Verón y Édgar Melgarejo, entre otros peces gordos de la corrupción, están hoy cómodamente instalados en sus respectivos hogares.

Tras escuchar la penosa lectura del diputado Rivas, está más claro que nunca que a los cartistas y a la gran mayoría de los liberales les tuvo sin cuidado que la cámara que tan mal integran esté bien representada en el órgano de origen constitucional encargado de sancionar a quienes delinquieron o desempeñaron mal sus funciones a la hora de juzgar o de representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. Si estuvieran interesados en la buena marcha de la República, tendrían que saber que son del todo repudiables los acuerdos entre bancadas que solo apuntan a castigar a quien apostó por la transparencia o a “cuotear” los cargos sin más propósito que el de ocupar espacios de poder.

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En el caso comentado, la aberrante medida implicó que un diputado abdista fuera sustituido por uno cartista. Romero Roa fue defenestrado sin justificación alguna, habiéndose limitado su colega Maidana a mencionar, aparte de la “perdida de confianza” no prevista en la ley, unas supuestas denuncias de “irregularidades” no especificadas. Queda claro, pues, que lo que se buscaba era instalar en el importante organismo a marionetas que inclinaran la cerviz ante la orden del amo. Es lo que puede desprenderse de declaraciones del propio Romero Roa, quien afirmó que era reacio a obedecer las órdenes impartidas para tomar decisiones ajenas a su saber y entender.

Lo cierto es que con el “golpe” dado en la Cámara Baja y con los nombramientos de César Diesel y de Humberto Rosetti, como ministro de la Corte Suprema de Justicia y como fiscal adjunto del Alto Paraná, respectivamente, el cartismo ha ocupado en un mes relevantes posiciones en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Hasta podría pensarse que con la anuencia del “abdismo”, pues el líder de este movimiento, Mario Abdo Benítez, anda de reunión en reunión con Horacio Cartes, pese a sus graves problemas judiciales. Pero más allá de esta circunstancia, es deplorable que en ninguna de estas designaciones hayan primado la buena imagen ni la solvencia intelectual del agraciado, con el agravante de que en lo ocurrido en el JEM fue precedida por una remoción ilegal, contra la que su víctima ha promovido, con toda razón, una acción de inconstitucionalidad. También se puede aprovechar el patético episodio protagonizado por Rivas para volver a cuestionar la calidad de la enseñanza universitaria –más aún ahora que el ridículo diputado Carlos Portillo (PLRA) está en busca de un nuevo título académico–, así como la idoneidad de la mayoría de los legisladores.

Esta vez basta con subrayar de nuevo que no son pocos los diputados y senadores que subordinan el buen funcionamiento de instituciones importantes para el Estado de Derecho, como lo son el Jurado, el Poder Judicial y el Ministerio Público, a las componendas fundadas en intereses bastardos. Estas grotescas situaciones comentadas ponen a los ciudadanos y a las ciudadanas en la obligación de organizarse y buscar a personas idóneas y honestas para votar por ellas y no por las escorias políticas que en cada elección cargan en sus listas los dueños de los partidos.

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