Es increíble lo que ocurre con nuestro país. Desde hace muchos años es una verdadera cueva de Alí Babá, como lo sabemos todos. Es curioso que, habiendo salido ya a luz tantos casos de robos de envergadura inimaginable, que obligaron a intervenir al Ministerio Público y la Justicia, el latrocinio no haya cesado. Al contrario, se tiene la impresión de que todo el Estado está programado para saquear las arcas públicas, con la participación de altos funcionarios de sus tres poderes. La explicación es fácil y la vamos a repetir: robar bicicletas, gallinas o pomelos genera una rápida reacción del Ministerio Público y de la Justicia, mientras que los grandes robos en que intervienen los personajes de cuello blanco nunca llegan a su fin, y los involucrados hasta pueden litigar estando prófugos, gracias a la benevolencia o complicidad de fiscales, jueces y magistrados. El fallo, será, finalmente, un arreglo favorable a los encausados. Así, el Estado se convierte en una verdadera máquina para delinquir. Las declaraciones juradas de bienes conocidas últimamente constituyen un catálogo de las ilicitudes que se han anquilosado en nuestra sociedad y no han sido combatidas.
En efecto, al cabo de casi dos años de haberse iniciado el actual Gobierno, la espantosa corrupción continúa sin pausas, pese a que Mario Abdo Benítez había prometido combatirla “caiga quien caiga”. Aún más, empeoró en los últimos tiempos porque la ley que declaró el estado de emergencia permite que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) adopte medidas simplificadas y expeditivas para la compra de bienes y servicios por parte de los organismos directamente afectados a la emergencia. Los funcionarios sinvergüenzas y sus cómplices en el sector privado aprovecharon y aprovechan tal laxitud, sin compadecerse ni siquiera de los afectados por la pandemia.
Hasta ahora, el caso más sonado en este contexto ha sido la fallida adquisición de insumos chinos para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), previo pago de más de 17.000 millones de guaraníes a Imedic SA y Eurotec SA, viejas proveedoras del Estado bajo la batuta de Justo Ferreira y de su hija Patricia, quienes ahora, por fin, han sido imputados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Pero nada de lo que se refiera a maniobras para hacerse con el dinero público es nuevo, pues ahora la DNCP reveló que el MSPyBS aceptó comprar en noviembre del año pasado un teclado y un “ratón” para un angiógrafo, a un precio unitario sesenta veces superior al del mercado. Su jefe Pablo Seitz sostuvo que bastaría con realizar trabajos de mantenimiento de los aparatos existentes e, incluso, insinuó que hubo una tentativa de estafa. El Ministerio aún no ha efectuado la adquisición, pero aclaró que el precio de esos dispositivos se ajustó al de referencia del mercado y, lo que resulta bastante llamativo, que el proceso licitatorio fue avalado por la propia denunciante, es decir, la DNCP. Si es así, atendiendo a sus propios dichos, esta institución debería apresurarse a revocar su decisión y anular el contrato que se habría celebrado en violación de la Ley Nº 2051/03.
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Las presuntas corruptelas referidas, sumadas a la impunidad administrativa de los funcionarios, abonan la suposición de que desde hace décadas la salud pública es una importante fuente de ingresos ilícitos para quienes la gestionan, en complicidad con sus amigos del sector privado. Se montan “empresas de maletín” al solo efecto de contratar con el Estado, confiando que el soborno servirá para ganar una licitación y que lo abonado en tal concepto será compensado con la sobrefacturación. Llama la atención que el ministro Julio Mazzoleni, cuyas bondades en el manejo de la crisis sanitaria mucho se destacan, no tenga la misma firmeza ni eficiencia para limpiar con energía la cloaca instalada en su Ministerio, lo que lo ubica como un inepto o, no queremos pensarlo, un cómplice o un encubridor de las “tragadas”.
Confirmando que la tibia actuación de fiscales y jueces no sirve como disuasivo, ya que los intentos de alzarse con el dinero público continúan sin pausa, el diputado Carlos Rejala (independiente) acaba de revelar que un allegado al actual presidente de Petropar, Denis Lichi, “direccionó” a favor de la firma Patria SA una licitación para asegurar sus estaciones de servicio e instalaciones técnicas. Es de esperar que tanto la DNCP como la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción investiguen de oficio lo denunciado.
Lo que ha venido ocurriendo, además, es que, si los ávidos proveedores son inhabilitados para contratar con el Estado, les resulta fácil inventar otra firma de maletín, poniendo al frente a un testaferro, como lo habría sido la joven Katherine Toñánez, que en marzo último contrató directamente con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) la compra de cuatro mil mascarillas sobrevaloradas. En otro caso nauseabundo, por esos mismos días Petropar invitó a la empresa Solumedic SA, representada por Adolfina Chamorro, a venderle, también por la vía de excepción, 5.000 botellas de agua tónica y 4.000 mascarillas, igualmente sobrefacturadas. Hoy están imputados por el delito de lesión de confianza tanto el expresidente de la Dinac Édgar Melgarejo y cuatro funcionarios de este organismo, así como la expresidenta de Petropar Patricia Samudio y otras 21 personas. Veremos si esta vez el Ministerio Público y la Justicia hacen su trabajo, sin dejar resquicios para que los hoy presuntos delincuentes se escabullan de la ley, tal como ha venido ocurriendo.
Por cierto, son varias las entidades encargadas por la Constitución o la ley de prevenir y combatir los hechos de corrupción, sin que hasta hoy hayan demostrado su eficacia, por la simple razón de que ellas mismas están contaminadas. Aparte de la Contraloría, la DNCP y el Ministerio Público, pueden mencionarse la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y las auditorías internas de los diversos organismos, a las que debe sumarse una flamante Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19, creada por decreto. Es notable cómo los malhechores consiguen sortear esa maraña de instituciones, lo que confirmaría, como señalamos, que están ellas podridas. En efecto, si persiste el drama de la corrupción es porque quienes tienen el deber de impedirla y de sancionar a sus autores, cómplices y encubridores son ineptos, indolentes o, sobre todo, venales. Una larga experiencia enseña, por tanto, que los bandidos tienen buenas razones para confiar en su impunidad.
Es evidente que poco se puede esperar de las instituciones mencionadas. Por eso, los habitantes de este país esquilmado tienen aquí mucho que hacer. Es necesario que sean conscientes de que robar al Estado supone robar a cada uno de ellos. En verdad, las víctimas de la corrupción no son las entidades públicas como tales, sino personas de carne y hueso, que reciben malos servicios públicos, hospitales y escuelas mal equipados o caminos en mal estado. Por tanto, los ciudadanos y las ciudadanas pueden y deben luchar contra la corrupción, organizándose y movilizándose para denunciar las fechorías de las que tengan noticias. Y, no por último, controlando a quienes deberían controlar.