¿Aguantará el lago varios años más como reservorio de inmundicias?

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, dijo recientemente que están trabajando para conseguir presupuesto desde el 2021 para realizar “la tarea de fondo” con respecto al lago Ypacaraí, que consiste en la construcción, en las ciudades de su cuenca, de plantas de tratamiento de residuos cloacales, que son los principales contaminantes de ese recurso ambiental y turístico. Es una excelente noticia. La pregunta que salta ahora es: ¿por qué la comisión creada a principios de este año para atender las cuestiones del lago no comenzó por encarar con energía la solución de ese problema fundamental? Suponiendo que en 2021 se consiga el presupuesto, con los nuevos estudios que seguramente se van a realizar, las licitaciones y otras cuestiones, la solución al problema se tendrá probablemente recién dentro de tres o cuatro años. ¿Podrá soportar el lago más tiempo como receptor de la inmundicia que generan los municipios que le rodean?

Recientemente, pobladores de la compañía Ciervo Cua, de San Bernardino, denunciaron que en el área que corresponde al Parque Nacional de Recursos Manejados del lago Ypacaraí, amparado por la Ley Nº 5256/14, la empresa Buenaventura SA, representada por Fernando Rafael Ramos, ha incursionado en el lugar para realizar movimiento de suelos, consistente en el relleno de los humedales a fin de ganar terreno para posteriores usos de índole privada, en flagrante violación de la Ley 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente.

Una vez más, en las narices de las autoridades, en primer lugar, y con el visto bueno de la Municipalidad de San Bernardino, cuyo intendente es Luis Aguilar (PLRA), y la consabida desidia y falta de control del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), fue violentado –o se intentó hacerlo– de nuevo el frágil ecosistema del lago Ypacaraí.

De acuerdo a la Convención Internacional sobre Humedales, Ramsar 1971, estos representan zonas donde el agua es el principal factor controlador de la biodiversidad y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Así, estos sitios dan el sustento a miles de especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados, y consecuentemente proveen un balance y equilibrio ecológico de las respectivas regiones en que están asentados. Estos beneficios constituyen un feroz contraste con la actual situación del lago Ypacaraí, con su alto grado de contaminación y el descenso histórico de sus aguas que registra. En estas condiciones, intentar un relleno de sus costas para ganar espacios, u otras intervenciones similares, con el pretexto de una aparente improductividad de los terrenos, es una burla y un desconocimiento de lo que estos lugares representan. Para decirlo directamente: se perpetra un crimen ecológico. No es la primera vez que ocurren denuncias de esta naturaleza.

Estos hechos violatorios de la legislación ambiental que se vienen registrando, y otros que posiblemente hayan pasado desapercibidos, ocurren mientras las autoridades de todos los niveles, nacionales, departamentales y locales, del área de influencia del lago se desgastan en estudios, eventos y proyectos que vienen desde al menos hace cuatro décadas, pero que no aportan absolutamente nada para la preservación y el mantenimiento de este valioso recurso natural y turístico.

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A principios de este año, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se creó la denominada Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí (Conalaypa), cuya tarea principal consistió hasta ahora en la colocación de geobolsas cerca de su desembocadura en el río Salado, su vía de salida al río Paraguay. En editoriales anteriores hemos cuestionado que esta acción no contemplaba el problema principal del lago, cual es su tremenda contaminación, que se manifiesta sobre todo en la época de altas temperaturas, con la aparición de las tóxicas cianobacterias.

El ministro Arnoldo Wiens destacó hace poco que la cota del lago aumentó 13 centímetros desde la colocación de las geobolsas y las primeras lluvias. Al mismo tiempo, reconoció que la grave contaminación se origina en los residuos cloacales de las localidades de la cuenca. Y a este respecto, informó que en el MOPC “estamos trabajando para lograr presupuestos a partir del 2021, para hacer la tarea de fondo”, consistente en el tratamiento de las aguas cloacales de todos los municipios aledaños.

Es una excelente noticia. La pregunta que salta ahora es: ¿por qué la Conalaypa no comenzó por encarar con toda su energía la solución de ese problema fundamental? Es más, hubo proyectos en algunas localidades y comenzaron ciertas tareas, que lamentablemente quedaron en el camino, con una inversión de fondos a la que se llevó el viento. El ministro Wiens afirma que en 2021 se buscará el presupuesto, lo que hace pensar que, si se lo consigue, con los nuevos estudios que se han de realizar, las licitaciones y otras cuestiones, la solución al problema se tendrá probablemente recién dentro de tres o cuatro años. ¿Aguantará el lago tanta espera?

Todo lo que ha venido ocurriendo con este valioso recurso hídrico evidencia la debilidad de las instituciones que se han creado para velar por el medio ambiente. Cuando hace dos años (julio de 2018) la Secretaría del Ambiente (Seam) pasó a adquirir rango ministerial, se pensaba que con su mayor estatus fortalecería su acción y que, por fin, tomaría caminos auspiciosos. Lamentablemente, no fue así. Hoy esta dependencia del Estado, que según reza en su página web, busca llevar al país a “parámetros de calidad ambiental”, se ha convertido en una de las tantas oficinas inútiles, que dan vueltas sobre sí mismas buscando justificar su inoperancia.

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Ahora, al menos, se tiene una fecha probable para comenzar a atender el origen de la contaminación, que es el año 2021. En cuántos años se concretarán las obras es la incógnita. ¿Podrá soportar el lago más tiempo como receptor de la inmundicia que generan los municipios que le rodean? Mientras tanto, la escasa atención real que ha merecido este recurso natural por parte de las autoridades locales ha ocasionado los intentos de ocupación de sus litorales. A este paso, solo cabe esperar que no se llegue a lotearlos.

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