Después de casi dos años de que haya sido conformada para ocuparse del desastroso proyecto del Metrobús, el pasado 14 de agosto la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) –presidida por el diputado Ramón Romero Roa (ANR)– presentó sus conclusiones en una audiencia virtual, con tres dictámenes: dos confirmando serias irregularidades en el gerenciamiento de la fracasada obra, y uno optando por no emitir una clara opinión sobre las causas del colapso del polémico proyecto de transporte público de pasajeros, sin duda con el obvio propósito de exculpar a los responsables de su desprolija administración.
Uno de los dos primeros dictámenes fue rubricado por el senador Amado Florentín y el diputado Édgar Acosta (ambos del PLRA); el otro, por el diputado Ramón Romero Roa (ANR). El tercero, en disidencia, fue firmado por el senador Enrique Bacchetta (ANR), la senadora Zulma Gómez (PLRA) y el diputado Hernán Rivas (ANR). A propósito de este último, el informe contiene frondosa documentación y testimonios fidedignos, tanto de referentes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como de los responsables de la firma portuguesa Mota Engil encargada de los trabajos de construcción, que confirmaron la existencia de serios indicios de delitos; empero, los mencionados legisladores, manipulación semántica de por medio, desvirtuaron la existencia de cualquier hecho punible y, por tanto, de delincuentes a quienes imputar.
Algo hay que remarcar sobre estos tres informes: los tres reflejarán el coraje o la cobardía de sus firmantes para castigar una de las más grandes fechorías realizadas en Paraguay por una empresa extranjera, en complicidad con funcionarios paraguayos. Es de esperar que algunos de estos parlamentarios por lo menos se hayan ido a parar sobre la avenida Eusebio Ayala y su continuación para ver un metrobús fantasma, o lo peor, restos de construcciones convertidos en escombros, tan escombros como quedaron centenares de negocios que quebraron por una de las más infelices ejecuciones de un plan de transporte público. Si todos los legisladores mencionados más arriba han ido a darse una vuelta, es imposible que alguien en su sano juicio saque un informe de que aquí nada ha pasado. Ha pasado, y mucho. No tenemos Metrobús y se pagó una fortuna de las arcas públicas.
Las tres conclusiones serán entregadas hoy a los presidentes de ambas cámaras, cada una de las cuales resolverá trasladarlas o no al Ministerio Público y a otros organismos como la Contraloría y la Procuraduría General de la República. En caso afirmativo, podrá remitir todas las conclusiones, dos o una de ellas, de modo que la discrecionalidad de las cámaras es considerable. Las actuaciones del Ministerio Público no dependerán de la decisión tomada para adelantar, de una vez por todas, las pesquisas iniciadas hace dos años y hoy paralizadas por motivos quizá inconfesables.
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No obstante, la ciudadanía tendrá la ocasión de juzgar qué tan interesados están sus representantes en que sean castigados los responsables del malgasto de 30 millones de dólares en un fallido proyecto, ejecutado en solo un 30%. Además, podrá apreciar, por cierto, si los efectos de la malhadada “Operación cicatriz” también se reflejan en el voto de los legisladores colorados. En otros términos, se verá si, finalmente, los parlamentarios decidirán honrar el Estado de derecho defendiendo el patrimonio público de la codicia de los ladrones de cuello blanco o si, como de costumbre, favorecerán su impunidad, tirando el fardo de la deuda de más de US$ 70 millones sobre los hombros de los contribuyentes, pese a la crisis económica y social debida a la pandemia del covid-19.
Lamentablemente, el fin de la dictadura no ha marcado el fin de la corrupción. La única diferencia es la libertad que ahora existe para al menos denunciarla públicamente. En la era dictatorial, quedaron impunes las grandes estafas perpetradas en perjuicio de la Industria Nacional del Cemento, de Aceros Paraguayos, de Líneas Aéreas Paraguayas, del Banco de Trabajadores y de otros emblemáticos elefantes blancos. Ya en democracia, también han quedado en el oparei sonados casos de igual o peor gravedad, como las fraudulentas quiebras bancarias, con numerosos ahorristas estafados, durante el Gobierno de Juan Carlos Wasmosy; los US$ 400 millones prestados de bancos de Taiwán bajo el de Raúl Cubas y despilfarrados por el “Gobierno de unidad nacional” de Luis Ángel González Macchi en menos de dos años; ahora, este escándalo del metrobús que, a menos que la ciudadanía lo impida con movilizaciones de repudio, correrá igual suerte que los demás chanchullos cocinados por las gavillas de turno al amparo de la impunidad otorgada por los tres Poderes y por los órganos responsables de controlar el uso del patrimonio público.
El Presidente de la República, que tiene a su cargo la administración general del país, ha optado por desentenderse olímpicamente de los delitos de corrupción perpetrados o tolerados por algunos de sus ministros y altos funcionarios, tirando el fardo a las instancias jurisdiccionales, a sabiendas de que no actuarán como corresponde. La prueba de esta ambivalente actitud presidencial, rayana en el encubrimiento, es que hasta ahora ha tenido la condescendencia de tender un puente de plata a los concusionarios, pidiéndoles la renuncia y hasta aceptándola con “las gracias por los servicios prestados”.
Según enseñan ciertas alentadoras experiencias, solo resta que la sociedad civil se movilice para exigir que las fechorías del malhadado proyecto del Metrobús reciban su condigno castigo. En especial, es preciso que se hagan sentir los miles de comerciantes y empleados que perdieron sus ingresos por culpa de una repugnante confabulación entre el Ministerio y la empresa constructora, con la condescendencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El enorme daño sufrido, tanto por el erario como por los particulares, exige que a los causantes se les imponga la pertinente responsabilidad penal y civil.