La crisis sanitaria no empezó con la pandemia, sino que esta la agudizó y la volvió más visible. La precariedad del sistema de salud es de todos conocida y de muy larga data, solo que ahora las consecuencias letales aparecen cada día y están resultando masivas. Por tanto, sería ingenuo pretender que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) se vuelva de pronto eficiente para enfrentar la irrupción del coronavirus, pero también es una realidad que a esta altura el sistema sanitario hubiera estado en mucho mejores condiciones si todos los recursos aprobados para el sector en esta emergencia no hubieran estado salpicados por la negligencia y la corrupción.
Las ambulancias son un buen ejemplo de estas dos lacras que caracterizan al Ministerio del ramo: no hay ninguna en siete municipios del Alto Paraná, en tanto que en Ciudad del Este están descompuestos dos de los siete vehículos que deben ocuparse exclusivamente de los contagiados; los dos del hospital de Concepción están siendo reparados en Asunción, al igual que el del nosocomio de Horqueta, que ya tiene un recorrido de nada menos que 700.000 kilómetros; la ambulancia del puesto de salud de Sgto. José Félix López se halla en un taller de la capital del departamento y la del hospital de Capiatá tuvo una avería irreparable hace cuatro meses; el hospital materno-infantil de Fernando de la Mora lleva diez años sin tener una, mientras que los otros hospitales del departamento Central tienen entre una y tres ambulancias, algunas viejas y otras en reparación. Estos casos son elocuentes para graficar el desinterés de las autoridades hacia la salud en el Paraguay.
Es imposible que en breve puedan subsanarse las graves carencias que, como tantas otras, afectan no solo a las víctimas de la peste, sino también a las de otras dolencias habituales. La inquietud recién manifestada por los médicos agremiados está avalada por la penosa experiencia diaria de los pacientes del sistema sanitario que, con sus familiares, deben soportar la falta de insumos, equipos y medicamentos, en instalaciones precarias. La pandemia no ha hecho más que acentuar las notorias deficiencias de siempre.
Hace un mes, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, admitió que el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, había fracasado en la gestión de los “fondos covid”. Agregó que la responsabilidad política es suya, pero que la administrativa la comparte con su “equipo”, cuya reestructuración dijo desear. Son palabras de un subordinado del Presidente de la República que, no siendo un primer ministro, tiene un rango inferior al del jefe del MSPyBS. Ello no impide que su referencia al “equipo” administrativo sirva para apuntar que no basta con que el ministro sea un profesional honesto y capaz, sino que también es preciso que algo sepa de los manejos burocráticos.
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Sin haber ejercido la función pública, el Dr. Mazzoleni se puso a dirigir un Ministerio que este año tiene un Presupuesto de poco más de seis billones de guaraníes (857 millones de dólares), solo inferior al de Educación y Ciencias, a los que hoy deben sumarse los recursos previstos en la ley que declaró el estado de emergencia. Entró en algo parecido a la cueva de Alí Babá, sin tomar los debidos recaudos, como el de informarse acerca del “personal de confianza” que heredaría y reemplazarlo por otro escogido por él mismo, atendiendo sus atributos morales e intelectuales.
Nombró a un director general de Administración y Finanzas, que perdió el cargo tras el fiasco de la compra de los insumos chinos rechazados, previa entrega imprevista de 17.000 millones de guaraníes a las firmas Imedic SA y Eurotec SA. El defenestrado Alcides Velázquez se lavó las manos al afirmar lo siguiente: “Todas las instrucciones que recibí fueron de mi jefe; en ese entonces, mi jefe era el ministro Julio Mazzoleni”. Si eso fuera cierto, la excusa sería inaceptable, pues nadie debe obedecer una orden manifiestamente ilegal; de lo contrario, el cargo habría sido ocupado por un funcionario que violó la ley y luego mintió para eludir su responsabilidad. Por supuesto, el ministro no puede eludir su responsabilidad, como ordenador de gastos, y no puede alegar que ignoraba la ley ni que fue sorprendido en su buena fe.
El Dr. Mazzoleni no estuvo atinado al elegir a su director general ni al tener a Pablo Lezcano al frente de la Unidad Operativa de Contrataciones, una dependencia clave. Tampoco habría acertado al designar a Gustavo Irala como director general de Asesoría Jurídica y a Walter Insfrán como jefe de Gabinete. Estos no fueron incluidos en el sumario administrativo, pese a que actuaron en los procesos de compra. El ministro se hizo cargo de un organismo tan viciado como otros, con funcionarios amigos de ciertos oferentes que, como sus colegas del resto del aparato estatal, pueden ocultar informaciones o engañar al jefe, más aún cuando es un recién llegado.
Los serios problemas de gestión que van surgiendo en la lucha contra la pandemia no son nuevos en el MSPyBS ni ajenos a los que se observan en otras instituciones. Son propios de una administración pública que debe ser reformada de arriba a abajo, ya que en estas condiciones sirve, sobre todo, para que los burócratas se enriquezcan. No hay ministro bien intencionado –si ese fuera el caso de Mazzoleni– que pueda hacer un buen trabajo con tantos funcionarios corruptos, ineptos e indolentes. Era de esperar, al menos, que se desmarque de inmediato y con firmeza de los averiados, lo cual no ha hecho.
Quien llega al cargo de ministro tras haber sido un “servidor público”, arrastra las mañas de sus excolegas; el que nunca lo fue, si carece de la sensatez y las agallas necesarias, será igualmente presa de los peores vicios, sea por debilidad, ignorancia o lisa y llana complicidad. Y si no puede imponerse a los sinvergüenzas, lo que le resta es dar un paso al costado.