El acuerdo firmado hace pocos días entre el Ministerio de Salud Pública y la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados para utilizar hasta cien camas de terapia intensiva en servicios privados de salud en un hipotético escenario de saturación extrema de las unidades de cuidados intensivos del sector público, abre otra puerta más a la corrupción a la que nos tienen acostumbrados las instituciones del Estado, a la vez que ratifica que el fondo de 1.600 millones de dólares por los cuales se endeudó al país para hacer frente a la pandemia de covid-19 no fue aprovechado como era de esperar.
El Gobierno autorizó al Ministerio de Salud Pública, por medio de un decreto, a coordinar los planes y acciones con el sector privado de salud, para la prestación de servicios asistenciales y la distribución de los recursos en el marco de la emergencia sanitaria. En virtud de esta decisión, se podrán suscribir convenios con laboratorios, a efectos de realizar test de covid-19, y con los sanatorios, clínicas y hospitales privados, para la prestación de servicios de salas de internación y terapia intensiva a pacientes con la enfermedad, cuyos costos serán imputados al “Fondo de Emergencia Sanitaria”, un barril sin fondo que no se entiende bien cómo será utilizado en este caso, ya que de acuerdo con lo informado por el ministro de Hacienda, Benigno López, a la Comisión Bicameral del Congreso para el Control de los Recursos previstos en la Ley de Emergencia, ya no hay un remanente de recursos. Es decir, todo el dinero que lo compone está gastado o comprometido.
De acuerdo con los datos que proporciona el Gobierno, de esos 1.600 millones de dólares solo el 23%, es decir 1.622.646 millones de guaraníes son destinados a gastos de salud (lo que incluye recursos para el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional). Y según esa misma rendición de cuentas, solo el 7,1%, 113.091 millones de guaraníes, se utilizan para equipamiento.
En marzo, cuando esta historia comenzó en nuestro país, la sociedad le extendió un cheque en blanco al Gobierno. Le entregó su bien más preciado, su propia libertad, así como su confianza, en la creencia de que ese dinero iba a servir para equipar servicios y preparar los existentes para cuando llegase lo peor. Pronto nos dimos de bruces con la realidad: que la salud y la vida de la población estuvieran en juego no iba a ser un freno para los sinvergüenzas de siempre, listos para pegar el manotazo y agarrar lo que se pueda, a costa de lo que sea.
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Así, y amparados en la urgencia, las empresas Eurotec SA e Imedic SA, de Justo Ferreira y familia, comenzaron a proveer al Ministerio de Salud de protectores faciales, protectores oculares, mascarillas quirúrgicas, trajes de protección biológica y camas hospitalarias de mala calidad. Si bien los contratos fueron finalmente rescindidos luego del escándalo público, esta mala operación causó un terrible golpe a la credibilidad del Gobierno y motivó que mucha gente perdiera el respeto a las medidas oficiales de confinamiento. El precio en este caso fue carísimo y va mucho más allá del dinero.
Ahora, cuando están a punto de cumplirse los seis meses de la aparición del primer caso confirmado de coronavirus en Paraguay, un 7 de marzo que parece lejano en el calendario, el Gobierno nos dice que la infraestructura no es suficiente y por eso recurrirá al sector privado.
Javier Sosa Briganti, presidente de la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados, ya adelantó que –como mínimo– la utilización de una cama en una unidad de terapia intensiva tiene un costo diario de 15 millones de guaraníes, una cifra que varía según las necesidades del paciente. Es el mismo monto promedio que se maneja en el sector público, según informó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Muchos de los pacientes con covid-19 que llegan al extremo de requerir internación lo hacen por semanas y hasta meses. Así, la recuperación de un solo paciente que permanezca un mes internado en terapia intensiva de un sanatorio privado habrá costado al Estado más de G. 450 millones, en el mejor de los casos.
Cuánto costará toda esta operación es algo que aún no se sabe. Y con qué criterio se derivará al sector privado a los pacientes, tampoco ha quedado claro. Con base en las experiencias de derivaciones que se practicaban en el Instituto de Previsión Social (IPS) hacia sanatorios privados, se puede presumir que podría haber de nuevo sectores privilegiados que recibirán atención de lujo, mientras otros deberán conformarse con un servicio de cuidados intensivos en carpas de emergencia.
No podemos oponernos a este convenio si la necesidad de la hora así lo reclama, aunque, repetimos, es el resultado de la imprevisión gubernamental, pese a contar con los recursos financieros. Pero, atendiendo a los tristes antecedentes de las tercerizaciones de servicios, cabe reclamar a las autoridades sanitarias que informen y transparenten cada procedimiento de derivación, el protocolo seguido para la selección de pacientes y los montos pagados, entre otras cosas. Estas exigencias no son el resultado de un mero capricho, sino de la necesidad de evitar que empresarios inescrupulosos y sus compinches del sector público vuelvan a lucrar en este momento de extrema necesidad de la población.
Dado que en Paraguay siempre ha habido un gran déficit de camas de terapia intensiva, sobre todo en el interior del país, sería muy interesante analizar las ventajas de crecer en capacidad instalada y distribuida de manera inteligente, que pueda seguir siendo utilizada más adelante en contrapartida a simplemente gastar miles de millones al mes en atender a pacientes.
En lo que respecta a los test de covid-19, los laboratorios privados también están sobrepasados en su capacidad y algunos de ellos han tenido que suspender temporalmente la toma de muestras porque no tenían capacidad de responder a la demanda, así que también corresponde informar cuál es el servicio que van a prestar y en qué condiciones.
Entretanto, en vista de que la negligencia y la corrupción han colocado a la población ante una vergonzosa situación de carencias para enfrentar la emergencia, a nosotros, como ciudadanos, nos toca extremar los cuidados para que nunca tengamos que necesitar una de esas camas de terapia intensiva, sean de hospitales públicos o privados. Ya conocemos de sobra esas medidas: usar tapaboca, mantener la distancia física, no compartir elementos como bombillas de mate o tereré y lavarnos las manos con agua y jabón. Pongámoslas en práctica a conciencia.