Los exsenadores Óscar González Daher (ANR, cartista), Jorge Oviedo Matto (Unace) y el abogado Carmelo Caballero son nombres que por años fueron mencionados con temor, o como sinónimo de influencia. Sujetos que se mofaban de su riqueza con autos de alta gama y trajes costosos. Cada uno de ellos, en su ámbito, formó parte de un esquema de poder que no salió a luz pública sino hasta el año 2017, cuando nuestro grupo de medios dio a conocer conversaciones en las que se escuchaba cómo estas personas decidían sobre los casos judiciales a su antojo, o amenazaban a fiscales, obviamente con beneficios económicos ilegales.
Trascurría el año 2003, y Óscar González Daher era presidente de la Cámara de Diputados y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Fue imputado por el entonces fiscal Alejandro Nissen por la tenencia de un auto “mau”. Su dilatada carrera política siempre encontró simpatizantes dentro del Partido Colorado, últimamente en el sector de Honor Colorado, en cuya lista para el Senado ocupaba el tercer lugar, siendo incluso reivindicado públicamente el 10 de noviembre de 2017 por el candidato a la presidencia de la República Santiago Peña, quien animándolo le dijo: “La gente tira piedras al árbol que da frutos”. Vaya frutos, sobre todo ganancias ilícitas provenientes de una asociación criminal y tráfico de influencias, como sostiene el Ministerio Público en su acusación, los que intentará probar en el juicio oral. González Daher era “amo y señor” del JEM, al punto que los integrantes del colegiado, incluyendo ministros de la Corte, temblaban cuando él hablaba y daba las órdenes.
El exsenador Jorge Oviedo Matto, otro de los acusados, entonces vicepresidente del JEM, es protagonista de una de las grabaciones, en la que indica a una agente fiscal que vaya a un banco a realizar depósito de dinero, conforme lo declaró esta funcionaria, para “solucionar” un caso que le afectaba. “Casse, amanecé en el banco. Yo te voy a solucionar eso”, se escucha en el audio. Este personaje también representó por años, con soberbia y soltura, la cara más oscura de la clase política podrida que sigue destruyendo la sociedad.
Carmelo Caballero fue fiscal electoral, viceministro del interior, y luego “exitoso” y acaudalado abogado, el “partner” del secretario de González Daher, Raúl Fernández Lippmann, con quien, según los audios, acordaba de qué manera coaccionarían a fiscales y cómo se distribuirían dinero sucio, proveniente de estas acciones mafiosas. Caballero, quien es abogado, en lugar de desempeñar su condición de auxiliar de la Justicia, formaba parte de esta rosca putrefacta que, sin importar la ley, ofrecía “soluciones compradas” a sus clientes, para lo cual se complotaba con Fernández Lippmann, quien era el nexo con el “Jefe Óscar”, como se le oye decir en varios audios.
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A estos personajes nefastos se sumaron fiscales que, sin mayores explicaciones, nunca fueron investigados por la justicia, aun cuando tenían conocimiento de las actividades delincuenciales de Caballero y Fernández Lippmann, y además participaban de las cocinadas y aprietes.
Estos sujetos infames, hoy acusados, son apenas las cabezas visibles de un sistema judicial y político completamente descompuesto.
El Tribunal de Sentencia Nº 35, a cargo del juez Juan Carlos Zárate, señaló audiencia de Juicio Oral y Público para el día de hoy a las 7:30. Es el momento de la verdad para la justicia paraguaya, no solo por el gravísimo caso que deberá resolver, sino porque dependerá de la valentía que muestren para dar a la ciudadanía alguna señal de cambio.
Hasta ahora, no se conocen resultados concretos de las investigaciones que debieron derivar de las grabaciones, que pusieron en el tapete la asquerosidad con que estos grupos criminales lucraban con los casos judiciales. Y es imposible pensar que un esquema de asociación criminal, tal como lo sostiene el Ministerio Público, se sustente con estas personas únicamente. Estas organizaciones no están divorciadas de grupos políticos que les dan soporte. Por eso, González Daher, Oviedo Matto y los fiscales que debieron también estar acusados actuaban con la soberbia y la tranquilidad de no ser molestados. De hecho, no lo fueron, hasta que se dieron a conocer los audios. Investigación que no surgió del Ministerio Público, más preocupado en caer simpático a la clase política, o estar al servicio de diputados, senadores, gobernadores, y cuanto pelafustán ocupe algún cargo.
El árbol y algunos frutos –no todos– que dio serán sometidos a juicio finalmente, y los jueces serán responsables de asumir la tarea de derribarlo, para destruir como un primer paso sus raíces de una vez por todas y confinarlos a cumplir las penas que merecen.
La tarea pendiente de parte de la Corte y el Ministerio Público es tomar nota de la crisis por la que atraviesan sus instituciones, inmorales e incompetentes para hacer respetar las leyes. Los audios no deben ser el final de esta lucha contra la impunidad, sino deben ser el principio. Es hora de que los ministros de la Corte y la Fiscalía General despierten de la apacible siesta de la corrupción.