Malversar bajo el manto de la necesidad

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a cargo de Dany Durand, pretende destinar 47 millones de dólares a la construcción de viviendas sociales. Pese a sus antecedentes, el “ministro de la gente”, así llamado por sus adulones, cuenta con el apoyo de líderes de asentamientos y de firmas ligadas al Servicio de Asistencia Técnica (SAT), encargado de “articular” los proyectos del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), bajo el nada riguroso control ministerial. La cuestión no es impedir las obras, sino asegurarse de que el dinero público sea correctamente invertido. Una legítima necesidad social no debe ser aprovechada para un vulgar latrocinio, que podría ser facilitado por la vía de la contratación directa, contemplada en la ley que regula el Fonavis, cuestionada con toda razón por la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). La reactivación económica, exigida por las serias consecuencias de la crisis sanitaria, no es razón suficiente para gastar a toda prisa el dinero público, sin los mínimos recaudos que aseguren su buen empleo.

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a cargo de Dany Durand, pretende destinar 47 millones de dólares a la construcción de viviendas sociales. Pese a sus antecedentes, el “ministro de la gente”, así llamado por sus adulones, cuenta con el apoyo de líderes de asentamientos y de firmas ligadas al Servicio de Asistencia Técnica (SAT), encargado de “articular” los proyectos del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), bajo el nada riguroso control ministerial. La cuestión no es impedir las obras, sino asegurarse de que el dinero público sea correctamente invertido. Una legítima necesidad social no debe ser aprovechada para un vulgar latrocinio, que podría ser facilitado por la vía de la contratación directa, contemplada en la ley que regula el Fonavis, cuestionada con toda razón por la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). La reactivación económica, exigida por las serias consecuencias de la crisis sanitaria, no es razón suficiente para gastar a toda prisa el dinero público, sin los mínimos recaudos que aseguren su buen empleo.

Es preocupante la amplia discrecionalidad que la citada ley otorga al llamado SAT, más aún considerando que, hace solo una semana, la Contraloría General de la República informó que el valor real de unas veinte casas construidas en Ypané es inferior en más de 127 millones de guaraníes al valor contratado mediante el procedimiento antedicho, que excluye todo control ciudadano y hasta la supervisión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Peor aún, la Contraloría denunció ante el Ministerio Público un daño patrimonial de al menos 35.000 millones de guaraníes, causado por la suspensión de obras o las transferencias a empresas inhabilitadas. Ya el historial del “ministro de la gente” está lejos de garantizar que el dinero público no será malgastado.

La empresa Mocipar, de la que dijo haberse apartado en 2017, aunque su firma siguió apareciendo en sus cheques hasta 2019, fue denunciada por haber estafado a 352 personas por un valor total de 6.800 millones de guaraníes, estando el caso en manos del Ministerio Público desde principios de este año. Ante este mismo órgano, la Contraloría lo denunció en 2019 por haber falseado dolosamente su declaración jurada de bienes y rentas, lo que indujo a Durand a corregirla un mes después, alegando que no declaró algunos bienes debido a un cambio en el orden de sus apellidos por orden judicial; nada dijo sobre el hecho de que no habría declarado ingresos ajenos a la función pública.

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En cuanto al SAT, no solo detecta sobre el terreno las necesidades existentes y los eventuales beneficiarios, sino que también recibe el dinero público y selecciona las firmas constructoras, que son las mismas de siempre y bien pueden tener los mismos directivos, tal como se ha constatado. Hasta puede ocurrir que una de ellas integre el propio SAT, que la ha digitado por sí y ante sí. De hecho, el control que debería ejercer el MUVH brilla por su ausencia, de modo que la repartija se hace “según la cara del cliente”. Su jefe llegó al colmo de la discrecionalidad al dejar “a criterio” de sus funcionarios, en julio último, la conveniencia de ignorar o no ciertos requisitos técnicos y sociales para la aprobación de proyectos y desembolsos de subsidios. Es evidente que la así dispuesta “flexibilización de los requerimientos reglamentarios del Fonavis” permitirá corruptelas varias, con la participación de los constructores amigos. Uno de ellos –amigo del propio Durand– es el exdiputado Enrique Pereira Thalmann, adjudicado directamente, como todos los demás. Señalada la llamativa circunstancia, el interpelado respondió con todo cinismo. “Por supuesto. ¿O quiere que contrate a un extraño?”. O sea que sería más bien un “ministro de los amigos”, dato que el Ministerio Público debería tener en cuenta.

Los 47 millones de dólares, de un crédito aún no aprobado por el Congreso, ya habrían sido “distribuidos” entre 62 empresas. Este arbitrario mecanismo no se rige por los principios propios de las contrataciones públicas, como de economía y eficiencia, igualdad y libre competencia y transparencia y publicidad. Siendo así, no debe sorprender la diferencia de valores constatada por la Contraloría en Ypané, la suspensión de obras, la transferencia a firmas inhabilitadas, la exclusión de otras que podrían hacer un buen trabajo a buen precio y, no por último, la espesa oscuridad reinante en la materia. Aceptando que urge construir viviendas sociales, ateniendo también la crisis económica provocada por la pandemia, es de señalar que la premura no justifica que se ignore incluso el procedimiento acelerado previsto en la Ley Nº 2051/03 para la contratación directa. El mismo supone, en principio, la evaluación de al menos tres ofertas, algo no exigido por la ley del Fonavis. En otras palabras, cabe plantear la conveniencia de modificar o derogar esta ley dado que, como se desprende de lo observado por la propia Contraloría, se presta a maquinaciones diversas en perjuicio del erario.

Es intolerable que se malgaste el dinero público con la liviandad permitida por la ley del Fonavis, agravada por la manga ancha del ministro competente. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no debe seguir siendo apartada de las referidas a las viviendas sociales y los principios de la Ley Nº 2051/03 también deben regir en la ejecución de todo contrato suscrito por el MUVH. La construcción de viviendas sociales no debe ser un pretexto para anular los necesarios mecanismos de control. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mientras tanto, no puede permanecer ajeno a toda esta situación.

Tal como están las cosas, habiendo una denuncia de la Contraloría ante el Ministerio Público y atendiendo los antecedentes del ministro Durand, habrá que tomar todos los recaudos para evitar que más fondos sean malversados, bajo el manto de una necesidad social.

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