Se tomó su tiempo, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Antonio Fretes, César Garay y César Diesel, terminó ratificando la impunidad del senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) en la causa abierta por el delito de enriquecimiento ilícito. Por una cruel ironía del destino, lo hizo en vísperas de que fuera inaugurado el imponente Palacio de Justicia de la circunscripción judicial del Alto Paraná, la más corrompida del país e integrada por magistrados fieles al célebre clan esteño. Los ministros perpetraron su iniquidad al rechazar de entrada –"in limine"– una acción de inconstitucionalidad promovida en enero de este año por los agentes fiscales Sussy Riquelme, Osmar Legal y Josefina Aghemo, contra una resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Ciudad del Este, compuesto por Isidro González, Mirian Meza de López y Stella Maris Zárate. Ella había confirmado un fallo del servicial juez de la Adolescencia Marino Méndez, que rechazó el pedido fiscal de reapertura de la pesquisa, pues el hecho punible ya habría prescrito en 2017, diez años después de que Zacarías Irún haya dejado de ser el nefasto intendente esteño. No se atendió que en 2008 había sido nombrado por su sucesora y esposa Sandra McLeod “asesor ad honorem” de la Municipalidad, cargo en el que fue confirmado tres años más tarde y que le permitía acceder a información privilegiada. Siguió manejando la Intendencia a su antojo, según resultó evidente en el caso de los presuntos desvíos de fondos para el financiamiento de campañas electorales.
La agente fiscal Yolanda Portillo había desestimado la denuncia con el argumento de la prescripción y de la correspondencia entre los ingresos y el patrimonio declarados por el impresentable senador. El posterior hallazgo del acto administrativo que lo confirmó como consejero y de varios inmuebles no declarados, hizo que la acción penal aún no se haya extinguido por el solo paso del tiempo. De este significativo detalle no se ocuparon los ministros complacientes con el aún poderoso Zacarías Irún e incluso con sus tentáculos en la judicatura, como surge del hecho de que la Corte haya confirmado a Méndez en el cargo que deshonra, estando suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Todo indica que el aparato judicial quería “limpiar” al indigno legislador, hoy objeto de escraches masivos de los esteños para que sea despojado de su investidura. El auto interlocutorio aludido es uno de esos que rechazan “in limine” una acción de inconstitucionalidad con frasecitas de cajón que no implican ningún esfuerzo mental, pero que sí bastan para que algún exponente de la delincuencia de guante blanco quede exento de culpa y pena. El potentado que confesó no haber pagado nunca el impuesto a la renta personal bien pudo haber caído en la tentación de aprovechar el ejercicio de la función pública para incrementar su fortuna. Pero los ministros “cortesanos” no quisieron entrar en honduras, de modo que le dieron un carpetazo al asunto con el mensaje de que cuanto más rico sea quien exprime un cargo público más posibilidades tiene de quedar impune, sobre todo cuando los juzgadores están ligados al mismo “líder” político del sinvergüenza.
Parece que, en cuestiones judiciales, Zacarías Irún juega en cancha propia no solo en Ciudad del Este, sino también en Asunción. Feliz de él, porque, tal como van las cosas, nunca será víctima de algún prevaricato, a diferencia de sus conciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y con las más elementales normas de decencia. Un caso como este vuelve a demostrar que la igualdad para el acceso a la justicia y la igualdad ante las leyes, garantizadas por la Constitución, de nada valen cuando están en juego la libertad o el dinero de un pez gordo de la casta política. Ellas no imperan cuando el Poder Judicial no es independiente, sino sumiso a los dictados de los poderosos. El senador de marras no fue sobreseído por ser inocente, pero esta circunstancia no puede servir de consuelo a la gente de bien. Un personaje como él no tiene un buen nombre que cuidar por más de que sea un “honorable” senador, ni una conciencia que pueda torturarlo por haberse llenado los bolsillos a costa de las personas decentes. Su egolatría seguirá siendo alimentada por los “hurreros” a sueldo y la cercanía al poder político lo mantendrá fuera del alcance de la ley y de la Justicia, mientras el Estado de Derecho continúe siendo letra muerta.
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Está visto que nuestra Justicia no actúa con los ojos vendados y que la balanza que sostiene se inclina notoriamente del lado de los que mandan y de sus lacayos. El caso de Zacarías Irún es el mejor ejemplo de esa aberración, que persistirá mientras la ciudadanía no reclame con mayor énfasis que los presuntos bandidos de levita sean al menos sometidos a un juicio oral y público, dirigido por un magistrado imparcial. Por ahora, la situación es más favorable a los que delinquen que a las personas de bien.