La peligrosa “bola de nieve”

Desde un primer momento, se advirtió que la luz verde otorgada al Estado para emitir bonos, sin mayores condicionamientos, podía convertirse en una bomba de tiempo si no era manejado prudente y responsablemente. La reciente aprobación de una ley que permite el “bicicleteo” de deudas viene a ser nada más que la confirmación de que no estamos haciendo bien los deberes. La cuestión de fondo que aún no responden nuestras autoridades es cómo vamos a manejar en el corto, mediano y largo plazo el endeudamiento del país tomando en cuenta que se ha convertido hoy en un instrumento del que ya no podemos dejar de depender para financiar parte importante del gasto público. El desafío está en evitar lo que está sufriendo la Argentina, que vive sus peores momentos económicos acogotada por sus deudas. Si no se asumen las decisiones radicales necesarias para optimizar el gasto público y generar nuevas fuentes de financiación genuina, no será sorpresa que se venga un nuevo impuestazo, el camino más cómodo para las corruptas administraciones gubernamentales. Pág. 10

Desde un primer momento, se advirtió que la luz verde otorgada al Estado paraguayo para emitir bonos, sin mayores condicionamientos, podía convertirse en una bomba de tiempo si no era manejada prudente y responsablemente. La reciente aprobación de una ley que permite el “bicicleteo” de deudas viene a ser nada más que la confirmación de que no estamos haciendo bien los deberes. La cuestión de fondo que aún no responden nuestras autoridades es cómo vamos a manejar en el corto, mediano y largo plazo el endeudamiento del país tomando en cuenta que se ha convertido hoy en un instrumento del que ya no podemos dejar de depender para financiar parte importante del gasto público. El desafío está en evitar lo que está sufriendo la Argentina, que vive sus peores momentos económicos acogotada por sus deudas.

La Cámara de Senadores sancionó la semana pasada la norma que modifica y amplía los alcances de la Ley Nº 5097/2013 “Que dispone medidas de modernización de la Administración Financiera del Estado y establece el régimen de cuenta única y de los títulos de deuda del tesoro público, y establece disposiciones legales complementarias para la administración de la deuda pública”. Básicamente, la misma autoriza la emisión de bonos hasta por un 40% del valor nominal de los papeles con garantía del Tesoro que están en circulación, lo que en la actualidad equivale a aproximadamente 2.738 millones de dólares.

Desde el Ministerio de Hacienda, sus responsables aseguran que la norma permitirá recalendarizar los vencimientos de bonos actualmente en circulación, con lo cual, supuestamente, se podrían conseguir mejores tasas de interés y plazos más razonables para las arcas públicas. Justifican que el fin no es aumentar el monto de la deuda pública, sino reemplazar los papeles que en su momento ya obtuvieron, caso por caso, las autorizaciones correspondientes del Legislativo, explicación que busca salvar los cuestionamientos constitucionales que presenta la operativa.

En efecto, nuestra Carta Magna en su Artículo 202, numeral 10, entre los deberes y atribuciones exclusivos del Congreso, le concede la potestad de aprobar o rechazar empréstitos. En la operativa que se viene repitiendo desde hace años, el Legislativo debe aprobar caso por caso los endeudamientos, sea a través de la ley de presupuesto público u otra en particular. Esta disposición pone en duda la constitucionalidad de la medida sancionada a solicitud del Poder Ejecutivo, más allá de las explicaciones de sus voceros.

La emisión de bonos se ha convertido en una peligrosa “bola de nieve”. Basta mirar los números: a la primera partida emitida en el 2013 bajo la administración Cartes, la deuda pública representaba el 10,8% del Producto Interno Bruto (PIB); al cierre de su mandato en agosto del 2018 los compromisos totales equivalían al 19,7% del PIB. La llegada de la pandemia trajo consigo mayores empréstitos con lo cual en apenas dos años se estima que el 2020 cerrará con un saldo que representará el 33% del PIB. En menos de una década se ha triplicado el saldo de nuestra deuda.

Más allá de que Paraguay soportará este año un resultado negativo en su economía, los números serán los mejores en la región. El déficit fiscal ha crecido de manera galopante y la pandemia ha dejado un tendal de heridos. Estamos a la espera de la designación de un nuevo ministro de Hacienda y de la aprobación de un presupuesto público para el ejercicio 2021, pero no se avizoran los cambios radicales tan ansiados. El Estado sigue despilfarrando recursos en personal y las contrataciones de bienes y servicios son un festín del que pululan nuevos millonarios. A este ritmo, si no se asumen las decisiones radicales necesarias para optimizar el gasto público y generar nuevas fuentes de financiación genuina, en muy poco tiempo no será sorpresa que se venga un nuevo impuestazo, el camino más cómodo para las corruptas administraciones gubernamentales.

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