Municipalidades, cuevas de fatos y clientelismo

En su mayoría, las municipalidades prestan un pésimo servicio a los contribuyentes y, además, cargan sobre sus espaldas grandes deudas para cumplir con las asignaciones de su desbordada planilla, integrada en gran parte por la clientela de los políticos que dominan esas instituciones. Esto se repite en todo el país, sobre todo a fines de año, y los municipios tienen en común el desajuste presupuestario causado por el exceso de personal, la escasa capacidad recaudatoria y la corrupción rampante, con el consiguiente endeudamiento continuo y la violación de normativas. Ojalá que el año venidero la ciudadanía refleje en las urnas la deplorable experiencia acumulada, y castigue a los munícipes inútiles y corruptos. Pág. 10

En su mayoría, las municipalidades prestan un pésimo servicio a los contribuyentes y, además, cargan sobre sus espaldas grandes deudas para cumplir con las asignaciones de su desbordada planilla, integrada en gran parte por la clientela de los políticos que dominan esas instituciones.

El 20 de abril de este año, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), dijo que no podía asegurar el pago de los sueldos de unos 7.000 funcionarios, porque la recaudación municipal había mermado mucho a causa de la pandemia. El 15 de octubre, los concejales aprobaron, sin previo debate, dos préstamos bancarios por un valor total de 200.000 millones de guaraníes, para el pago de remuneraciones. El 17 de noviembre, el intendente les pidió que autoricen para el próximo año aumentos salariales a favor de 65 contratados que serían nombrados, lo que supondrá un costo adicional de 2.115 millones de guaraníes, a ser financiado con la recaudación del impuesto a las propiedades. En una sesión irregular de la Junta Municipal, la “adenda” fue derivada a la Comisión de Hacienda, que aún no se ha expedido. O sea que la Municipalidad estuvo “en rojo” a inicios del año, luego se endeudó para cumplir con la clientela y en 2021 abultaría sus gastos de personal.

También el 17 de noviembre, los ediles de Luque aprobaron que la Municipalidad –célebre por sus corruptelas– haga un sobregiro bancario de 3.000 millones de guaraníes, para poder abonar sueldos y aguinaldos en diciembre. La deuda será cancelada el próximo año, pese a que la Ley Orgánica Municipal (LOM) dispone que el plazo de pago del financiamiento temporal de caja no debe superar el Presupuesto del ejercicio fiscal respectivo.

El 18 de noviembre, al menos la Junta Municipal de Carapeguá tuvo el valor de negarse, gracias al voto de desempate de su presidente, Ángel González (ANR), a que la Municipalidad tome un préstamo bancario de 300 millones de guaraníes con el fin de pagar aguinaldos, así como dos meses de sueldo de los funcionarios y seis meses de dieta de cuatro ediles. También este empréstito iba a ser cancelado en 2021 y con “recursos disponibles” no identificados por el intendente.

Los tres casos antedichos, similares a muchos otros que se repiten en todo el país, sobre todo a fines de año, tienen en común el desajuste presupuestario causado por el exceso de personal, la escasa capacidad recaudatoria y la corrupción rampante, con el consiguiente endeudamiento continuo y la violación de normativas. La LOM dice que las municipalidades no deben gastar en servicios personales más del 60% de sus ingresos corrientes ejecutados, según el último informe anual de ejecución presupuestaria. Por lo general, esta disposición es ignorada lisa y llanamente, “inflando” los presupuestos y el valor de las inversiones realizadas, para que el límite antes referido parezca respetado.

Los concejales aprueban así una ejecución presupuestaria falseada, no solo porque tienen a sus respectivas clientelas instaladas en la Municipalidad, sino también en su propio interés: salvo el caso de los de Asunción, el monto de sus dietas no debe superar cierto porcentaje de los ingresos corrientes ejecutados, que varía según el grupo al que pertenezca el Gobierno local. Otro modo de sortear de hecho este límite es otorgarse unos elevados gastos de representación que, en el caso de los ediles de Limpio, ¡alcanzan nada menos que hasta el 73% del monto de la dieta!, con lo que terminan ganando más de 20 millones de guaraníes mensuales. El cálculo de los porcentajes no debe incluir las transferencias corrientes que reciben las municipalidades, como los royalties y los recursos del Fonacide. Tampoco deben destinarse al pago de sueldos, pero suele apelarse a ellos cuando la plata no alcanza, porque se recauda poco o porque las obras realizadas tienen sobreprecios. Valga el ejemplo de que, en 2017, el presupuesto de la Municipalidad de Ayolas asignó 438 millones de guaraníes de los royalties al pago de los sueldos de sus 118 funcionarios. Como se ve, los intendentes y concejales verdaderamente echan en gorra los presupuestos de sus respectivas instituciones.

Así las cosas, no parece que la descentralización, de la que mucho se habló en el marco de la Convención Nacional Constituyente de 1992, haya tenido los resultados que se esperaban, y no porque la decisión haya sido equivocada, sino por culpa de los políticos sinvergüenzas que se adueñaron de las municipalidades. La elección popular del intendente, en vigencia desde 1991, así como la percepción del impuesto inmobiliario, tendrían que haber reforzado los Gobiernos locales, más accesibles al control ciudadano por su cercanía. Luego se sumaron las transferencias antes referidas y hasta se dispuso que las contrataciones municipales escapen en gran medida al control de la Dirección Nacional de Contrataciones. Lo que ocurrió fue que a nivel municipal se reprodujeron los vicios de la administración central, es decir, se descentralizaron la corrupción y el prebendarismo, con el agravante de que se multiplicaron los municipios inviables. Los ediles no controlan al intendente porque suelen estar confabulados con él en tropelías diversas y los vecinos temen malquistarse con las autoridades, sobre todo en las pequeñas localidades. Se roba a mansalva y es muy improbable que la Contraloría General de la República pueda poner coto a las permanentes corruptelas. También lo es que el Ministerio Público, sometido a los vaivenes políticos, se muestre diligente para perseguir a tantos sinvergüenzas. Por su parte, la Cámara de Diputados decide que las Municipalidades sean intervenidas o no, según criterios político-partidarios.

Los Gobiernos locales se endeudan regularmente para atender las necesidades de la numerosa clientela que pesa sobre el presupuesto, es decir, van “bicicleteando”, porque sus concejales e intendentes no están al servicio de los vecinos sino de sí mismos y de sus padrinos y allegados. Ignoran las leyes, pero no así sus bolsillos. Ojalá que el año venidero la ciudadanía refleje en las urnas la deplorable experiencia acumulada, y castigue a los inútiles y corruptos.

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