La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) señaló al ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, que el servicio que presta la ANDE es “intolerable”. Lo mismo opina el común de los clientes de esa empresa estatal de un país que se precia de compartir dos de las mayores represas hidroeléctricas del mundo. Al igual que los preocupados empresarios, los usuarios deben soportar no solo facturas arbitrarias, sino también –y sobre todo– apagones reiterados. Cuando el calor arrecia, se desata una tormenta o explota una subestación, los usuarios deben resignarse a la oscuridad durante largas horas y hasta a la falta de agua potable, pues también los equipos de la Essap suelen quedar sin electricidad.
Claro que es “intolerable” tener que soportar, una y otra vez, la notoria ineficiencia de una empresa pública que, por ser monopólica y ocuparse de un servicio esencial, no corre el riesgo de perder clientes. Sanciona a sus deudores morosos, pero no puede ser castigada con la deserción de los usuarios mal atendidos porque estos no tienen la alternativa de recurrir a otras fuentes de suministro. Por eso, son envidiables los casos excepcionales de Neuland y de Villarrica, donde la provisión está a cargo, respectivamente, de una cooperativa y de la Compañía de Luz y Fuerza SA (Clyfsa), sin que se escuchen quejas mayores. Como era de esperar, el nuevo presidente de la ANDE, Félix Sosa, prometió que en 2021 habrá un mejor servicio, pero ocurre que en los cinco años venideros se tendrá que invertir en el sistema de distribución nada menos que mil millones de dólares. Por de pronto, se anuncia que la entidad ya logró un financiamiento de 700 millones, gracias, en parte, a un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Como nada asegura que los fondos sean correctamente ejecutados, en tiempo y forma, no hay que confiar en que la calamidad esté superada en 2025. No se ha venido invirtiendo lo suficiente, debido a la falta de planificación o a las groseras corruptelas, entre las que deben incluirse los privilegios arrancados por los sindicalistas a los complacientes jerarcas de la ANDE, como lo es el hecho de que los funcionarios solo paguen la mitad por el fluido eléctrico que consumen. También acontece –todo hay que decirlo– que cada año el Presupuesto nacional le priva de recursos para disimular el déficit fiscal, afectando su autarquía.
Pero más allá de sus conocidos vicios y particularidades, esta empresa estatal ejerce un monopolio que lesiona la Constitución. Ella garantiza la competencia en el mercado y prohíbe la creación de monopolios, sin distinguir entre públicos y privados. Se impone, pues, poner fin a esta situación irregular que no asegura la autosuficiencia de la ANDE ni, mucho menos, la adecuada prestación del servicio. Ni con el mercado cautivo, la empresa puede superar sus tremendas deficiencias. Los proyectos de apertura del sistema eléctrico han fracasado una y otra vez. Por supuesto, los políticos que tienen allí a sus clientelas y los sindicalistas que maman de sus recursos salen presurosos a afirmar que es una empresa “estratégica” que debe ser manejada por el Estado. “Estratégica” para ellos, para mantener sus prebendas a costa de los sufridos usuarios. Es la misma cantinela que difundían cuando se iba a desregular el sector de las telecomunicaciones, y he ahí el resultado: este rubro está hoy floreciente, con varias compañías en el mercado compitiendo en ofrecer mejores servicios y precios. El lector puede imaginarse lo que hubiera ocurrido si la Copaco, hoy en franca decadencia, continuara monopolizando el sector.
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Es previsible así que el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) se apresure a oponerse a cualquier iniciativa que apunte a que esta empresa estatal compita con eficientes empresas privadas. En tal caso, no duraría mucho, o se reduciría a su mínima expresión, posibilidad que les quita el sueño a los sindicalistas.
El anteproyecto de ley sobre el sistema eléctrico se ocupa de proteger al consumidor y de los deberes de los agentes de la industria eléctrica, así como de la creación de un organismo regulador que multe a toda generadora o distribuidora de electricidad que preste un mal servicio. Hace unos días, el presidente de la empresa estatal, aparte de enfatizar la necesidad de inversiones en la distribución de la electricidad, dijo que analizará la factibilidad de desmonopolización. Es de temer que concluya en que resulta inconveniente, o que es inconstitucional, como afirman torcidamente quienes desean mantener bajo su hegemonía los fondos socioambientales de las entidades binacionales.
Lo cierto es que las graves y continuas dificultades de la ANDE, que inciden tanto en la vida cotidiana como en la producción de bienes y servicios, exigen que se abra el mercado eléctrico, no solo para que se respete la Carta Magna, sino también para que el consumidor pueda elegir entre proveedores de la energía eléctrica en el mercado. Esta situación tan penosa, que convierte en rehenes a los clientes de esa empresa pública, no debe continuar en beneficio exclusivo de los prebendarios y de sus padrinos. Es preciso que la iniciativa antes comentada se convierta en ley, para dejar de lado el monopolio inconstitucional y para que los usuarios no sigan prisioneros de un pésimo servicio.
La población no tiene por qué seguir tolerando un estado de cosas que no habrá de corregirse mientras no exista libre competencia en el mercado. El oportuno reclamo de la CAP reflejó no solo la irritación del empresariado, sino también de una sociedad harta de la ineficiencia y de la corrupción que caracterizan a un ente que no pertenece a todos los paraguayos, sino a quienes se aprovechan de él para enriquecerse.