El año que cierra será recordado, sin lugar a dudas, como uno de los más catastróficos de toda la historia paraguaya a causa de los desastres ocasionados por la pandemia del covid-19 en los diferentes ámbitos de la vida de nuestros compatriotas. Esto debería llamar a una seria reflexión a nuestras autoridades a fin de tener la mayor cautela para afrontar el futuro a corto, mediano y largo plazo. Al contrario, sin embargo, los responsables de los poderes Ejecutivo y Legislativo se han mostrado ajenos a la realidad y, antes que ajustarse los cinturones y manejarse con prudencia, siguen aumentando la deuda pública, como si el dinero no fuera a devolverse. Es evidente que esto les importa un bledo porque, a fin de cuentas, será la ciudadanía la que pagará los platos rotos. ¡La actitud de estos desfachatados no tiene límites!
El último dato difundido por la cartera de Hacienda revela que, al cierre de noviembre, la deuda pública externa de nuestro país ascendía a 11.541 millones de dólares, equivalentes al 33% del Producto Interno Bruto (PIB). Se trata de una cifra récord que ha superado ampliamente el tope fijado por las propias autoridades en el 30% del PIB. El presidente Mario Abdo Benítez y el actual Legislativo se han convertido en quienes más han endeudado a la República fuera de tiempos de guerra. Solo este año los nuevos compromisos asumidos ascienden a 2.780 millones de dólares.
En las últimas semanas de este año estamos siendo espectadores de cómo los parlamentarios, en muchos casos a pedido de la propia administración del Ejecutivo, están autorizando a tambor batiente una serie de nuevos empréstitos, tanto con organismos financieros internacionales como con la emisión de bonos del Tesoro, pese a los serios cuestionamientos que persisten sobre muchos de estos proyectos. Esto se da en un año que cierra con ninguna reforma del Estado, de la que tanto se habló al momento en que las autoridades nos planteaban la urgencia de conseguir dinero para financiar las necesidades generadas por el virus.
La ciudadanía no está ajena a los verdaderos requerimientos de la población. Nadie dudó de la urgencia de dotar al sistema de salud de la infraestructura y el personal necesarios para asistir a los paraguayos afectados por la enfermedad, así como paliar los coletazos de la crisis económica, preferentemente a los sectores más desprotegidos. Pero a medida que pasó el tiempo, hemos sido testigos de cómo se robaba descaradamente parte de ese dinero, así como de la ineptitud en la ejecución de planes que caracteriza la gestión de todo el sector público –al colmo que médicos y pacientes hoy claman por insumos y medicamentos básicos en hospitales que comienzan a saturarse–, y que muchos pequeños emprendedores lo han perdido todo, además del ejército de nuevos desocupados.
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Lo más triste es que mientras comprometen nuestro futuro y el de nuestros hijos y hasta nietos, el sector público vive en una burbuja, donde el 80% de los tributos pagados por la ciudadanía se lo fagocitan los pagos de remuneraciones a los funcionarios. Un sector que durante la pandemia no ha dejado de cobrar sus remuneraciones y algunos beneficios durante un solo mes, donde no hubo despidos y donde se ha trabajado, en muchas de las instituciones, uno o dos días a la semana y por menos horas que lo legal. Un grupo donde el funcionario gana en promedio casi 40% más que los trabajadores privados. Para colmo, el Poder Legislativo ha autorizado algunos aumentos para subas salariales de funcionarios del Senado, creaciones de cargos a ser llenados sin concurso y hasta la reinclusión de incrementos salariales en varias entidades que beneficiarán a amigos, correligionarios y hasta amantes elegidos a dedo.
Esta realidad es un esputo al rostro de los paraguayos de bien, cuando los propios organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierten que en el Estado hay un despilfarro equivalente al 3,9% del PIB, unos 1.600 millones de dólares, en pagos de salarios innecesarios, robos en compras y contrataciones públicas y descontrol en transferencias y supuestas ayudas sociales. Durante casi todo este año se sometió a la ciudadanía a un doloroso confinamiento, se han cerrado negocios, obligando a muchos a perder dinero durante meses, sin embargo, las autoridades y el sector público no han aprobado una sola reforma. Mintieron a los paraguayos de que iban a sacar una ley del servicio civil que ordenaría el sector público; hasta ahora no ha aparecido la prometida ley de reforma de las contrataciones públicas (para la que ya no queda tiempo este año) para reducir los robos, y ni asoma algún proyecto de reforma de la calamitosa Caja Fiscal, subsidiada mes a mes por los contribuyentes impositivos.
Ante esta cruda realidad queda claro que hay una casta de políticos y autoridades a las que nada les interesa lo que pueda pasar en el futuro. Es por ello que siguen y seguirán asumiendo deudas con el objeto de financiar a la clientela política, la que no será tocada, más aún teniendo en cuenta la cercanía de elecciones municipales y generales de los próximos tres años. No hay dudas de que endeudar al país para promocionar obras, muchas de ellas con componentes dudosos por montos multimillonarios, con cifras astronómicas en consultoría o sin proyectos ejecutivos terminados, sencillamente constituyen un gran negocio para el bolsillo de una claque corrupta.
El Estado no es una fuente inagotable de deudas. Allí tenemos a la vecina y querida República Argentina que hoy sufre herida de muerte a causa de la corrupción y la irresponsabilidad de sus autoridades. Es el claro ejemplo del camino que no debemos seguir. Nuestros gobernantes nos vienen mintiendo de manera repugnante desde hace años. Es hora de rectificar rumbos. La ciudadanía toda debe estar alerta para levantarse contra la manga de corruptos e irresponsables.