Ante la desatinada y demagógica iniciativa de los diputados Enrique Mineur (PLRA) y Basilio Núñez (ANR) de restituir al dominio del Estado la obsoleta y aherrumbrada planta siderúrgica de Acepar, ubicada en Villa Hayes –feudo del segundo de los legisladores mencionados–, a través de un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados y que ahora pasa a consideración del Senado, el administrador judicial de la misma, ingeniero José Luis Vinader, advirtió que la eventual reestatización de la misma representaría para el Estado un clavo de más de US$ 50 millones. De prosperar dicha iniciativa, de neto corte populista, el Estado –vale decir los contribuyentes– se haría cargo de un pasivo colosal y de montos millonarios por demandas. Según el ingeniero Vinader, Acepar es actualmente una empresa en quiebra. Consecuentemente, si el Estado se hace cargo de ella lo hará con un pasivo por dicho monto. A más de ello, debe hacer una fuerte inversión para reacondicionarla y ponerla nuevamente en condiciones de operar regularmente.
Acepar, el último elefante blanco erigido por la dictadura stronista sobre la margen derecha del río Paraguay en Villa Hayes y que, de un presupuesto inicial de US$ 150 millones, trepó como por arte de magia a la friolera de US$ 480 millones, es un clavo del que el Estado paraguayo debe más bien desprenderse definitivamente a cualquier costo antes que tomarlo de nuevo a su cargo. Y cuanto antes mejor, pues así como está, actualmente la miniplanta siderúrgica devenida chatarra es un chimbo del que nadie es dueño legalmente: ni el Estado, ni Sergio Taselli, ni Insidsa, ni Cootrapar (Cooperativa de Trabajadores de Acepar).
La criticada privatización de Acepar se efectuó durante el Gobierno del presidente Juan Carlos Wasmosy, con la “venta” del 66,6 por ciento de las acciones de la empresa estatal al “Consorcio Siderúrgico Paraguayo”, integrado por la firma Cerro Lorito (perteneciente al ingeniero Guillermo Stanley y al arquitecto Juan C. Canese), antigua proveedora de piedra caliza triturada a Acepar desde la caída de la dictadura, la que recibió acciones en concepto de pago de deuda vencida que supuestamente Acepar tenía con ella. Arreglo financiero criticado en su momento por su poca transparencia, pues la tal deuda nunca fue debidamente auditada por el Ministerio de Hacienda. El 33,3 por ciento de las acciones restantes fue transferido a los obreros de la planta siderúrgica nucleados para el efecto en Cootrapar en concepto de indemnización por despido por parte del Estado.
Se esperaba que, aunque amañada, con esta privatización la planta siderúrgica seguiría operando normalmente como empresa privada, en manos de empresarios paraguayos en vez de extranjeros, como se jactara en su momento el Gobierno. Pero, inopinadamente, en el 2004, Stanley y Canese vendieron su parte al fraudulento empresario ítalo-argentino Sergio Taselli –con varios chanchullos en su haber en su país, incluida la usina siderúrgica estatal de Zapla–, quien, a su vez, transfirió sus derechos a la firma paraguaya Insidsa, sin haber terminado de pagar los US$ 35 millones pactado con el Gobierno paraguayo para hacerse con la mayoría accionaria de Acepar. A raíz de irregularidades en el pago de las cuotas, en el 2009 el Gobierno paraguayo reclamó a Taselli la devolución de la planta siderúrgica (devolución no formalmente concretada por falta de un juicio arbitral del que los sucesivos Gobiernos nacionales se han desentendido). Finalmente, en 2013, intervención judicial mediante, el Estado asumió de facto la propiedad de la usina siderúrgica, y desde entonces, con el apoyo de los antiguos obreros nucleados en Cootrapar, el Gobierno ha tratado de reflotar la producción de la planta, aunque con resultado más bien negativo, como lo fue también el caso de la firma siderúrgica brasileña Vetorial, que lo único que dejó al irse fueron deudas a sus ex proveedores y clientes.
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Tras el fraudulento retiro de esta última firma –a la que indebidamente el Gobierno del presidente Horacio Cartes favoreció con una donación de US$ 2 millones a través de Itaipú, en concepto de compensación por supuesto “buen desempeño ambiental”– se han presentado otras firmas extranjeras y nacionales interesadas en reactivar la usina siderúrgica actualmente convertida en chatarra, sin que al final ninguna se decidiera a hacerlo. Y no es probable que ninguna lo haga en el futuro, pues, para reacondicionar sus oxidadas instalaciones y ponerla en funcionamiento tendría que invertir al menos US$ 20 millones, según directivos de Cootrapar. Y ningún empresario siderúrgico va a invertir esa suma en una minisiderúrgica a carbón vegetal cuya capacidad plena de producción con los dos altos hornos funcionando, si bien puede llegar a unas 150.000 toneladas de acero por año, su planta de laminación apenas tiene capacidad de procesar 80.000 toneladas de productos laminados en tal lapso.
Es más, como utiliza carbón vegetal como combustible para sus altos hornos, ella es ambiental y tecnológicamente obsoleta y de corta vida útil, pues las organizaciones ambientales, nacionales e internacionales cuestionarán que se sigan desforestando nuestros bosques, ya suficientemente arrasados con fines agrícolas y ganaderos. Y la reforestación de la propia Acepar ha demostrado no ser sustentable para abastecerla. La única opción para que la planta siderúrgica siga operando es reemplazar el carbón vegetal con carbón de coque. Pero, para ello debe hacerse una fuerte inversión para instalar una planta procesadora de este combustible.
Así, pues, los recurrentes planes esbozados por los dirigentes de Cootrapar y políticos interesados para reactivar la usina siderúrgica, tienen remota posibilidad de cuajar en un plan serio de funcionamiento de la misma. Si el Estado le auxilia –como pretende Cootrapar– va a suceder lo mismo que con la Azucarera Iturbe, que durante el Gobierno del presidente Horacio Cartes obtuvo un auxilio financiero de parte del Estado por G. 15.000 millones, que nunca fue reembolsada, hasta ahora. Es decir, otra carga para Juan Pueblo.