El fallo dictado en el caso de los audios –no por esperado menos indignante– vuelve a plantear con fuerza el drama de la Administración de Justicia, incluyendo bajo tal concepto tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público. Sigue tan vigente como en 1992, cuando la Convención Nacional Constituyente trató de darle la independencia de la que carecía bajo la dictadura. Hoy puede afirmarse que tal propósito no ha sido alcanzado y que el sistema democrático no ha supuesto que cada quien reciba lo suyo, conforme a una ley aplicada a todos por igual, por unos jueces idóneos que no estén sometidos a influjos que afecten su imparcialidad. Las normas aprobadas en aquel entonces buscaban garantizar que la judicatura no esté subordinada al Congreso ni al Poder Ejecutivo, de modo que solo ella se ocupe de los asuntos litigiosos, so pena de nulidad de las actuaciones. Es más, quienes atentan contra la independencia del Poder Judicial y de la de sus magistrados quedan inhabilitados para ejercer un cargo público durante cinco años seguidos, además de sufrir las penas legales. Hasta ahora, nadie ha sido sancionado, como si nadie hubiera impartido instrucciones fundadas, por ejemplo, en un “criterio político”, incluso a un presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La Carta Magna no dispone algo similar sobre el Ministerio Público, pero su ley orgánica dice que funcionará “sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura”. ¿Alguien podría afirmar que, hasta la fecha, ninguno de sus miembros ha actuado respondiendo a tales directivas? Ni uno solo ha sido tan siquiera removido por esa causa, como si el fiscal general del Estado y los agentes fiscales hubieran obrado siempre según su leal saber y entender. Cae de maduro que tal suposición sería muy ingenua, así que también la última norma citada es letra muerta. La independencia de un órgano puede ser minada por la amenaza o la aplicación de recortes presupuestarios, motivo por el que el Presupuesto del Poder Judicial no debe ser inferior al 3% del de la Administración Central, cláusula esta que sí es respetada, atendiendo también las necesidades de la clientela política allí instalada. La ley orgánica del Ministerio Público solo prescribe que tenga recursos presupuestarios específicos y que los administre con autonomía, lo que le obliga, eventualmente, a mendigarlos ante el Ministerio de Hacienda y el Congreso. La cuestión es que nada sale gratis.
La independencia de la Administración de Justicia tiene que ver con que los magistrados y los agentes fiscales sean inamovibles, tras haber sido confirmados por dos periodos siguientes al de su elección, salvo que hayan delinquido o desempeñado mal sus funciones. No deberían temer, pues, ser destituidos si ignoran la sugerencia de algún senador o del Jefe de Estado, aunque ellos hayan actuado en su designación, como en el caso de los ministros de la Corte. Esta disposición resulta igualmente inocua: no ha contribuido a que se imparta justicia según la ley, porque hay quienes se sienten agradecidos a alguien por el cargo que ejercen o porque temen que se les arme un expediente en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. También este órgano interviene en el tráfico de influencias, pese a que su composición debería impedir que sea un azote o una tapadera al servicio de intereses bastardos. Pero, lamentablemente, está podrido hasta los tuétanos como los demás del sistema judicial.
En otras palabras, también la composición del órgano que juzga a los magistrados y a los agentes fiscales, así como la del que los preselecciona, tendrían que asegurar la independencia de la Administración de Justicia. Empero, tal cosa no existe, porque el problema no solo radica en las inconductas de los políticos y en la sumisión vergonzosa de quienes creen deberse a ellos, sino también en el silencio cómplice de la sociedad civil. Si es muy probable que los profesionales del Derecho atiendan el padrinazgo político para conformar las ternas, es bien seguro que nunca han denunciado las maniobras fraudulentas al respecto. Aparte de atender el interés general de que haya justicia, deberían aspirar a que el ejercicio profesional de sus colegas no sea afectado por jueces y agentes fiscales ineptos y arbitrarios. Lo mismo cabe decir del Colegio de Abogados del Paraguay, que poco o nada hace para, al menos, poner en la picota a los sinvergüenzas –togados o no– que tanto daño causan a los justiciables.
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El Poder Judicial y el Ministerio Público son una calamidad y no por culpa exclusiva de los políticos. Las normas constitucionales son razonables, pero no así el comportamiento de quienes deben cumplirlas y hacerlas cumplir. En democracia, la indignación debe expresarse también –y sobre todo– en las urnas, de modo que solo resta instar a la ciudadanía a que castigue a los canallas que han contribuido a prostituir la Administración de Justicia. Aunque la pena haya sido levísima, el hecho de que un expresidente del Jurado que juzga a magistrados y a agentes fiscales haya sido condenado por un delito cometido en el ejercicio de ese cargo, resume la tragedia de la que todos somos víctimas. Habrá que ponerle fin, empezando desde ya una campaña nacional de repudio a los prevaricadores y sus padrinos, identificándolos con nombre y apellido.