El oscuro acuerdo extrajudicial entre la Procuraduría General de la República, Petropar y la firma argentina Texos Oil SRL, que estaba a punto de permitir que se esfumaran más de 7 millones de dólares del dinero de los paraguayos, ha dejado en evidencia una serie de hechos que solo llevan a reconfirmar lo que todos sabemos respecto al sucio manejo de la cosa pública y la impunidad reinante en casi todas las instituciones estatales. El caso, desenmascarado gracias a denuncias de la prensa, obligó a la renuncia del entonces procurador general de la República, Sergio Coscia, quien pese a todo recibió el agradecimiento por su labor de parte del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, el titular de Petropar, Denis Lichi, sigue campante en el cargo. Peor aún, antes que ser destituido por su lamentable papel en la cuestión, fue defendido públicamente por su jefe Marito, con lo cual queda evidenciado que el tan cacareado “caiga quien caiga” no es más que un cliché marketinero de mal gusto y una repudiable mentira a toda la ciudadanía.
El concurso fue llevado a cabo por la firma Petróleos Paraguayos (Petropar) durante la administración del entonces presidente de la República Fernando Lugo. La estatal había adjudicado a la empresa argentina la provisión de gasoíl por valor de 68 millones de dólares en fecha 10 de diciembre del 2009, aún cuando la mencionada sociedad contaba en ese momento con un escuálido capital de 10.000 pesos del país de origen. Tras conocerse las debilidades del proceso, finalmente la petrolera anuló la adjudicación, con lo cual se inició el reclamo judicial de parte de la firma, primero en territorio argentino, donde fue rechazado, y luego en nuestro país.
De esta manera se abre una causa en el 2011 con un reclamo a la petrolera estatal de 31,3 millones de dólares en concepto de daño empresarial, gastos de licitación, lucro cesante, entre otros. Llamativamente, el expediente del caso Texos Oil, representado por Sergio Guillermo Marsiletti, siguió un largo proceso en la justicia paraguaya donde finalmente fue elevado a autos para sentencia en diciembre de 2017. Aunque parezca increíble, desde esa fecha duerme en algún cajón del Juzgado Civil y Comercial del 11° Turno de la capital, a cargo del magistrado Hugo Garcete. Este justificó la situación argumentando que no ha podido dictar un fallo definitivo a consecuencia de la recarga laboral que soporta su juzgado.
No deja de ser llamativo que precisamente en medio de esta indefinición haya aparecido una propuesta de arreglo extrajudicial de parte del entonces procurador Coscia. El arreglo sugerido consistía en que la estatal dispusiera de un pago de 7 millones de dólares a la empresa argentina, libre de todo gravamen, tasas e impuestos, pero con un llamativo condimento: el 42% de ese dinero (cerca de 3 millones de dólares) quedaría en manos de un ignoto abogado paraguayo llamado Abel Germán Ávalos, un modesto profesional oriundo de la ciudad de Yuty, Caazapá, que tuvo pasantía como representante de la Contraloría en el Banco Nacional de Fomento (BNF) e incluso luego como comisionado a la Procuraduría durante la administración del entonces procurador José Enrique García –después contralor general de la República, de donde renunció el año pasado ante su inminente destitución ante graves acusaciones–, ahora coincidentemente abogado de la firma Texos Oil. Aunque parezca increíble, ¡¡¡la empresa que reclamaba más de 31 millones de dólares se conformaría con apenas 4 millones!!! Ni bien el caso saltó a la luz pública, el procurador Coscia presentó renuncia al cargo en fecha 24 de diciembre de 2020, con el objeto de evitar que el escándalo se convierta en una bola de nieve que pudiera arrastrar a otras autoridades. El funcionario fue reemplazado ese mismo día, recibiendo los agradecimientos por su gestión de parte del Presidente de la República, cuando este lo mínimo que debió hacer inmediatamente era destituirlo a fin de honrar su promesa reiterada en varias oportunidades de que no admitiría hecho irregular alguno bajo su Gobierno.
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El presidente de Petropar hasta el momento no ha dado la cara públicamente para explicar su actuación y se ha limitado a mostrar, a través de las redes sociales, algunos documentos relacionados al escándalo y una escueta declaración a la prensa en Troche, con la clara intención de cargar toda la responsabilidad al exprocurador Coscia. Quizás la verdadera explicación está en que Denis Lichi sabe perfectamente que conforme a la Carta Orgánica de la institución que preside, Ley N° 1182 que crea Petropar, la misma le asigna una mayor responsabilidad que a Coscia. El artículo 22 de la norma establece entre las funciones del presidente que es este quien ejerce la representación legal de la entidad, firma los contratos y cheques y todo otro documento que compromete a la empresa. Queda claro que su convocatoria a la Procuraduría a rubricar el acuerdo extrajudicial no lo exime y que la ley lo ubica como único y exclusivo responsable de lo que pasa en Petropar.
Hasta el momento, esta inmunda propuesta de arreglo no ha tenido las consecuencias que espera toda la ciudadanía. Lo último conocido es un tímido anuncio de investigación por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) dependiente de la Presidencia de la República. Lo mínimo que podría hacer Denis Lichi para salvar del bochorno a su jefe inmediato es presentar su renuncia al cargo. La actitud timorata de Mario Abdo Benítez ante los escándalos en su administración solo terminan confirmando que el país se encuentra a la deriva y que nuestras autoridades tienen otras prioridades que están muy lejos de defender los intereses de todos los paraguayos.