La Policía Nacional (PN) debe ser declarada en estado de emergencia para que desde allí no se siga atentando contra la libertad y los bienes de la gente. Los hechos punibles que tienen como autores a agentes del “orden público” y como víctimas a personas inocentes no son excepcionales, sino tan reiterados que ya resulta aconsejable efectuar una llamada telefónica preventiva ante la inminencia de un control policial. Todo indica que hay muchos bandidos uniformados que secuestran o extorsionan no solo a quienes les pagan el sueldo con sus impuestos, sino también a turistas que tienen la desgracia de caer en sus manos.
El 18 de enero, dos brasileños que volvían a su país fueron raptados frente a la comisaría de Torín (J. Eulogio Estigarribia), entonces a cargo del hoy destituido comisario principal Alcides Velázquez, por efectivos que les exigieron 50.000 reales, bajo amenaza de muerte, de 25 años de cárcel o de plantarles droga en el auto. Una de las víctimas señaló luego que “no todos los paraguayos son como esos policías”, lo que es bien cierto; solo cabe agregar que están muy lejos de ser los únicos delincuentes con que cuenta la PN, como lo sabrá el comandante de la fuerza, comisario general Francisco Resquín, que garantizó a la preocupada jefa de la Secretaría Nacional de Turismo, Sofía Montiel de Afara, una “sanción ejemplificadora a todos los involucrados”.
El anuncio no parece haber impresionado a cuatro agentes de la Comisaría 19ª Metropolitana –Víctor Rolón, Héctor Caballero, Alcides Arévalos y Alberto Chaparro– que en la madrugada del 4 de febrero habrían arrancado dinero para liberar de un proceso judicial a un presunto transgresor de las restricciones horarias con motivo de la cuarentena, que tuvo el valor de denunciar la extorsión. La difusión de este caso hizo que un joven recordara que, en mayo de 2020 y por igual motivo, fue agredido y privado de un millón de guaraníes por policías de la Comisaría 8ª Metropolitana, que al no obtener de su parte otros cinco millones, informaron a la Fiscalía, quedando el joven detenido en la comisaría durante dos días, con “costillas rotas, golpes en la cara y fracturas en las encías”. Las denuncias ante el Ministerio Público y la Justicia Policial, aún no han tenido consecuencias.
También el 4 de febrero último, José Luis Velázquez, Liz Marlene González y Juan Arévalos, oficiales de Investigaciones del departamento Central, detuvieron a una mujer con órdenes de captura y la liberaron previo pago de 50 millones de guaraníes, según denunció la afectada. Es obvio que no todos los asaltos policiales salen a la luz, sobre todo por el comprensible temor a la represalia de los malhechores, que no se sienten inhibidos por su placa identificatoria. Hay agentes policiales que operan incluso como sicarios del crimen organizado, de modo que los hechos punibles aquí referidos son relativamente menores. Es tanta la podredumbre que se corre el riesgo de que la población quede curada de espanto y pierda la capacidad de indignarse, por estimar normal que el uniforme sea criminalmente aprovechado. El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, tiene mucho que hacer, pues su antecesor Euclides Acevedo no logró “desinfectar” la PN, como era su intención. Giuzzio fue agente fiscal y jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas, de modo que alguna experiencia tiene en el ámbito de su competencia. Sabe “con qué bueyes está arando” y que deberá esforzarse por prevenir la comisión de delitos por parte de quienes deberían combatirlos.
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Las barreras policiales sirven para la extorsión agravada, de modo que resulta oportuno que vayan siendo limitadas a los casos de, por ejemplo, persecución de hechos punibles, mientras se vayan instalando cámaras de seguridad en las rutas. Sin embargo, según el ministro, se mantendrán los controles en las zonas urbanas y hasta se reforzarían, pese a que, tras lo ocurrido en Torín, él mismo sostuvo que los retenes policiales violan la Constitución, sin distinguir entre rutas y calles. Al asumir el cargo, anunció que la Dirección de Asuntos Internos de la PN será reforzada, lo que parece muy necesario, siempre que sus funcionarios sean confiables: hasta ahora, no sobresale por su eficiencia, quizá porque ella misma está contaminada. El control interno debe acentuarse, sancionando también, en toda la línea de mando, al superior jerárquico inmediato del facineroso, que no ejerza el cargo como corresponde. También es preciso hallar el modo de filtrar adecuadamente el ingreso en la Academia de Policía, lo que no habrá de resultar muy fácil, ya que la condición moral es menos detectable que la física o intelectual. Con todo, habrá que intentarlo, afinando el test psicotécnico, que debe “generar la posibilidad semiobjetiva de que la persona tenga vocación para esa profesión”, al decir del ministro. Lo que está visto es que abundan los egresados que tienen vocación para el delito o que la adquieren después, alentados por la impunidad reinante.
Tal como están las cosas, la PN es insoportable, así que urge que algo se haga para que las personas de bien no teman encontrarse con un policía.