El 16 de enero de 2020, el Viceministerio de Transporte, respondiendo a denuncias ciudadanas, sancionó con multas de unos 3.800.000 guaraníes a cinco empresas del área metropolitana que incurrieron en las harto conocidas “reguladas”, so pretexto de las vacaciones escolares. Esta vez, los chantajistas de siempre no se tomaron la molestia de inventar uno, quizá porque ya les pareció excesivo burlarse de los usuarios, aparte de perjudicarlos en cuanto a los horarios que deban cumplir y de exponerlos a los peligros que implica abordar unos buses abarrotados. Por lo demás, es comprensible que no se atrevan a decir que pretenden poner de rodillas al Estado para arrancarle un aumento del subsidio o del precio del pasaje, tomando a la población necesitada como una suerte de rehén.
Recurrieron a esta ilícita e inmoral medida de fuerza –se diría que hasta criminal, por el doloroso momento en que la aplican– en el marco de unas negociaciones que se iniciaron para que los “empresarios del transporte” tuvieran a bien no paralizar el servicio el 8 y el 9 de marzo últimos. Levantaron el paro anunciado “por la paz social y por construir con el Gobierno la dignificación del transporte público”, es decir, tuvieron el descaro de invocar la paz quebrantada con la amenaza de una medida de fuerza y de llamar “dignificación” al intento de embolsarse más dinero de los contribuyentes o de los pasajeros. Para que las tratativas forzadas satisfagan sus pretensiones, apelan ahora a una variante más cínica que el paro puro y duro, consistente en que, en tiempos de pandemia, los usuarios se aglomeren en las paradas para luego abordar vehículos atestados. Es obvio que, en tales aberrantes circunstancias, resulta de cumplimiento imposible el protocolo sanitario que, entre otras cosas, prohíbe que haya más de diez pasajeros parados y exige que entre ellos medie al menos un metro de distancia.
Esto significa que los chantajistas están obligando a la gente a exponerse a un peligro de contagio que podría tener consecuencias fatales, de modo que se impone la intervención no solo del Viceministerio de Transporte, sino también del Ministerio Público. Quienes maltratan a los pasajeros hasta el punto de verse constreñidos a arriesgar sus vidas son unos verdaderos canallas. El director de Transporte del Área Metropolitana, Fernando Haider, informó que el último lunes fueron multadas 16 empresas: si, como dijo, la sanción pecuniaria es ínfima, habrá que aumentarla considerablemente y hasta cancelar las concesiones o permisos no solo cuando se deja de prestar este servicio público esencial, sino también cuando se lo reduce dolosamente, como en estos aciagos días. La Ley Nº 1618/13 obliga a los concesionarios de un servicio público a prestarlo “según los parámetros de calidad, continuidad y seguridad de suministro, según sea establecido en el contrato de concesión, pliego de bases y condiciones y la legislación vigente”. O sea que también en el servicio de transporte de pasajeros rige, entre otras cosas, el principio de continuidad en la prestación, sin paros ni “reguladas”.
Los autores de este atentado contra la dignidad de las personas, el derecho al trabajo y la salud pública saben muy bien que los servicios de los vehículos de la Patrulla Caminera y de las Fuerzas Armadas –más los transportes escolares, también autorizados a trabajar ante las reguladas– no bastarán, en absoluto, ni durarán por mucho tiempo para atender la demanda de la población, así que bien podrían continuar con el chantaje criminal. Los buses y los camiones del Estado tienen mejores destinos que el de tratar de vencer con ellos las dificultades provocadas por unos transgresores habituados a aprovecharse de sus estrechos lazos con el poder político de turno. Es inadmisible que esta gentuza actúe con tanta impunidad y que, además, consiga lo que pretende, afectando, en forma directa o indirecta, los bolsillos de los usuarios a los que ultrajan despiadadamente. Es hora de poner fin a tanta ruindad, haciéndoles saber a esos “empresarios”, con la ley en la mano, que no deben seguir extorsionando al país. A propósito, también sería deseable que los gremios empresariales se pronuncien con mayor vigor contra quienes carecen de escrúpulos a la hora de hacer valer sus exigencias.
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En tiempos normales, las “reguladas” conllevan un desprecio hacia quienes no tienen más alternativa que la de utilizar los servicios de buses en mal estado y afectan tanto el comercio como la producción; en tiempos del covid-19, también vulneran la sanidad. Nada más hace falta para dedicar a sus promotores los más duros epítetos. Es preciso, en fin, que la ciudadanía los repudie y las autoridades apliquen las normativas vigentes con presteza, sin dejarse doblegar por la prepotencia agavillada.