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Forzado por el repudio ciudadano a los escandalosos aumentos salariales por él dispuestos, el presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón (ANR, abdista), anunció que los mismos serán disminuidos en un 70%, lo que, sumado a otros recortes, implicaría un ahorro de 8.000 millones de guaraníes, a ser transferidos a la Administración Central, según dijo. La cuestión se trataría este jueves. Se equivoca si cree que habrá que agradecerle por haber recapacitado y concluido que fue excesivamente generoso con el dinero ajeno, en momentos en que el país está sumido en una tremenda crisis sanitaria y económica. En efecto, no se justifica ningún aumento en el privilegiado estamento de los funcionarios públicos, mucho menos en el superpoblado Parlamento, donde los funcionarios holgazanean y deben cederse paso cada vez que tienen que va gar por algún pasillo.
“Cachito” no demostró la menor sensibilidad hacia los enfermos, los desempleados y sus familiares, así como hacia el personal de blanco que se está jugando la vida en centros sanitarios mal equipados y desprovistos de insumos. Eso sí, se mostró de lo más caritativo con funcionarios del Senado que ganaban “solo” entre 8.600.000 y 15.700.000 guaraníes mensuales, a los que concedió un incremento salarial de entre 3.100.000 y 8.160.000 guaraníes, siendo las más favorecidas las mejor remuneradas: Stella Maris Rojas y María José Florentín, directoras del Gabinete de la Presidencia y de la Oficina Diplomática y Consular (!), respectivamente.
La “solución salomónica” –valga la expresión– es del todo inaceptable, pues la evidente inmoralidad de la medida dispuesta en pro de la clientela política radica en los aumentos mismos: la cuestión no es reducirlos para que se atenúe la indignación generada, sino eliminarlos de un plumazo. El 26 de marzo del año pasado, la ley que declaró el estado de emergencia suspendió temporalmente el aumento salarial previsto en el Presupuesto de 2020. La situación actual es mucho más grave, razón de más para que siga suspendido. Se entiende así que algunos senadores propongan un proyecto de ley que anula los incrementos dispuestos en beneficio de los funcionarios mejor remunerados de la Cámara que integran y dispone que las respectivas sumas sean destinadas a la compra de insumos médicos. Está bien que así sea, pero en el futuro cercano tendrían que ir mucho más lejos, haciendo tabla rasa con los cargos superfluos, que solo sirven para consumir en vano el dinero de sus representados.
El Presupuesto 2021 del Senado asciende a 151.101 millones de guaraníes, de los que 135.758 millones corresponden a “servicios personales”. En esta partida, los sueldos y aguinaldos de los 1.261 funcionarios, que son “remuneraciones básicas”, hacen un total de 82.132 millones de guaraníes, a los que deben agregarse los montos relativos a las “remuneraciones extraordinarias”, a las bonificaciones y hasta a las “gratificaciones por servicios especiales” (!), rebusques estos que se han creado para dar cabida a más parientes, amigos y correligionarios. La Cámara Alta les resulta muy cara a los contribuyentes. El 8 de abril de 2020, este cuerpo legislativo aprobó un proyecto de ley que, entre otras cosas, prohibía “las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias”, así como “el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores”. Empero, su Presupuesto de este año incluye partidas como la de “alimentos para personas” (250 millones de guaraníes) y la de “servicios de catering” (150 millones), prohibidos el año anterior por la ley de emergencia sanitaria. Si se quiere racionalizar el gasto público, habría que empezar por casa, suprimiendo el derroche, fusionando o eliminando cargos y respetando la Ley de la Función Pública, que admite la contratación de personas físicas solo en ciertos casos: este año, los 377 contratados por la Cámara Alta, en su enorme mayoría en forma irregular, le costarán al país 10.162 millones de guaraníes.
La historia enseña que la principal función de los primeros Parlamentos fue defender el bolsillo de los contribuyentes de la codicia de los reyes; en el Paraguay de hoy, sus miembros se ocupan más bien de exprimirlo en favor de la clientela y del populismo, de modo que quienes pagan impuestos están indefensos. Solo resta que, ante una desvergüenza como la del presidente del Senado, los esquilmados alcen la voz y demuestren que no están dispuestos a soportar con mansedumbre afrentas como la que implica repartir alegremente su dinero, en beneficio de unos privilegiados y en perjuicio de quienes necesitan acceder a servicios públicos de calidad. Es obvio que si la gente no hubiera repudiado semejante atropello a la razón y al buen Gobierno, el mayúsculo despropósito habría continuado para mal de todos. Vale la pena, pues, alzar la voz cuando los representados son agredidos por sus propios representantes, que es lo que ocurre cada vez que se sanciona el Presupuesto nacional. No hay que aceptar en silencio que los legisladores dispongan como les dé la gana del dinero público, por la simple razón de que no les pertenece. Los aumentos decretados por “Cachito” Salomón deben ser enviados al tacho.