El ahora exdiputado Carlos Portillo (PLRA) volvió a las andadas. Se recordará que mintió sobre su historial académico, que cobró viáticos por un viaje no realizado a Las Vegas (EE.UU.) y que está procesado por tráfico de influencias en un caso judicial. Empezó siendo un hazmerreír, pero el paso del tiempo permitió constatar que se le debe tomar muy en serio por sus reiterados atropellos a la ley y a la moral. No solo es “un irresponsable y charlatán”, como afirmó el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR), tras revelarse el contenido de ciertos audios en los que su colega habla de él, de varios ministros de la Corte Suprema de Justicia, de un senador, de la defensora pública y de un juez sumariante.
Los diálogos registrados versan sobre temas que pueden interesar a la ciudadanía, como la asignación de cargos en la citada Cámara y en la Defensoría Pública y la carátula de un expediente, entre otras cosas. Los epítetos del diputado Alliana no desmienten necesariamente la veracidad de los dichos del altoparanaense, ya que bien podrían interpretarse como una mera crítica a su imprudencia: hoy en día, no conviene hablar por teléfono sobre temas que implican la comisión de un delito, como tendría que haber aprendido de su propia experiencia en el caso que lo tiene en el banquillo de los acusados y de la de Óscar González Daher, que le costó una condena penal y la pérdida de la investidura senatorial.
Las materias tratadas en los diálogos difundidos distan mucho de ser asombrosas. La opinión pública no habrá quedado estupefacta por el hecho de que los diputados dispongan de cargos (“cupos”) para ser ocupados por sus respectivos parientes, amigos o correligionarios, a costa de los contribuyentes. Se habría hablado de un nombramiento, lo que presupone un concurso público de oposición, pero eso es lo de menos, como bien se sabe: lo decisivo sería que el presidente de la Cámara respete las ilícitas reglas del juego, sin llegar al colmo de pretender algo a cambio, como surge de los dichos de Portillo: “me está pidiendo plata por ese nombramiento”. Por lo escuchado, en la grave tarea de ubicar a alguien en el Presupuesto, tan esencial para el común de legisladores, el tráfico de influencias del locuaz personaje se extendería a otros ámbitos, como el Ministerio de la Defensa Pública, que integra el Poder Judicial.
Los defensores públicos son designados por la Corte Suprema de Justicia, previa selección en ternas por el Consejo de la Magistratura. Una candidata ternada le habría contado a Portillo haber pedido el apoyo de la defensora general, Lorena Segovia; lo mismo habría hecho, en pro de otro postulante, el senador Fernando Silva Facetti (PLRA), presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que también juzga al defensor general. La señora Segovia, que se habría comprometido “más o menos” con la interlocutora del diputado, se vio en apuros, así que resolvió “pedir por los dos”. El sainete habría proseguido así: Portillo le dijo a su interlocutora que llamaría a la defensora general y que ya habló con “Ramírez”, con “Luis María” y con “Carolina”, ministros de la Corte. Como se ve, el tráfico de influencias puede tener varios actores y desarrollarse en cascada. Claro que los implicados necesitan ciertos datos para saber ante quién actuar, razón por la que el altoparanaense habría querido conocer la carátula del expediente para identificar al juez instructor de un sumario y abogar con altruismo por una causa justa, por así decirlo.
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En su descargo ante la Cámara, mintió al afirmar que allí no se efectúan nombramientos “desde hace años” y dijo que jamás habló con el juez sumariante ni, en este contexto, con los ministros, lo que no excluye que se haya interesado en los casos en cuestión. Habló de “jugarretas maliciosas de tinte político”, fundadas en audios falsos o antiguos, que apuntan a dañar su imagen semanas antes de unos comicios internos, en los que no será candidato a edil o a intendente. Lo referido refuerza la impresión ya causada a la ciudadanía por un personaje que jamás debió haber llegado al Palacio Legislativo, porque avergüenza a la nación y a su partido.
Desde luego, no es el único parlamentario que vulnera o busca vulnerar la ley y la moral en beneficio propio y en el de quienes recurren a sus servicios para obtener un fallo de favor o vivir del dinero público. Tampoco son raros los jueces y jerarcas administrativos que se someten a quienes creen que una banca les autoriza a inducir al prevaricato o a que se cargue a los contribuyentes con funcionarios corruptos, ineptos o haraganes. Con todo, la saludable decisión de la Cámara Baja de expulsar a Carlos Portillo, uno de sus indignos miembros, tomada por amplísima mayoría, implica una primera autodepuración, a la que deberían seguir otras si quiere ser “honorable” y no continuar siendo algo parecido a un aguantadero.