Después de 23 días y de haber causado con sus piquetes serios perjuicios a la producción y a la cadena de suministros, así como incontables molestias, contratiempos y hasta peligros a la población en general, se aprestan a levantar “temporalmente” el mal llamado “paro de camioneros”, en realidad paro de empresarios del transporte de carga, tras obtener un aumento del 30 por ciento en el precio de referencia del flete. A qué arreglo lleguen los transportistas con sus clientes es problema de ellos, de ninguna manera es un tema nacional como lo quieren hacer parecer. Pero que unos en el Paraguay sean obligados a cumplir la ley y otros no, y que estos puedan atropellar derechos de terceros sin consecuencias y con la tolerancia de los máximos responsables de la administración de la República, sí lo es.
Durante tres semanas los transportistas de carga bloquearon con sus costosos camiones varios accesos a la Capital y diversas rutas del país, con lo cual violentaron a diario no menos de 18 disposiciones específicas de la Ley 5016/14, “General de tránsito y seguridad vial”, cuyo organismo ejecutor es la Patrulla Caminera, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a cargo de Arnoldo Wiens, y del Poder Ejecutivo, ejercido por Mario Abdo Benítez. Eso asumiendo que todos sus vehículos estuvieran en regla, algo improbable, y sin considerar las ordenanzas municipales y las posibles violaciones al Código Penal.
Mientras cualquier ciudadano común es demorado y sancionado por infracciones muchísimo menores, cada día durante 23 jornadas los transportistas debieron ser multados por detenerse irregularmente en la calzada o banquina (Art. 66-H, multa de G. 440.225); por no ceder el paso (Art. 63-G, multa de G. 440.255); por no ceder paso a vehículos de servicio público de urgencia en cumplimiento de su misión (Art. 59-1, b, multa de G. 1.320.765); por no facilitar los camiones y maquinarias especiales el adelantamiento en caminos angostos (Art. 60 H, multa de G. 616.357); por transitar ómnibus y camiones a una distancia menor a 100 metros entre sí, salvo cuando se tengan más de dos carriles por mano o para realizar una maniobra de adelantamiento (Art. 66 L, multa de G. 792.459); por estacionar en zona urbana donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito (Art. 67-1, b, 1, multa de G. 616.357); por no observar los camiones, acoplados, semiacoplados o maquinaria especial las reglas de estacionamiento (Art. 67-1, b, 8, multa de G. 352.204); por no estacionar lo más lejos posible de la calzada y banquina en zonas rurales (Art. 67-2, multa de G. 352.204), y así sucesivamente por un total de G. 13.382.752 que los organismos competentes debieron aplicar diariamente en concepto de multas a cada camión involucrado en los piquetes. ¿Pero qué pasó? Absolutamente nada.
Los empresarios del transporte de carga no solamente se salieron tranquilamente con la suya sin ninguna sanción, pese a violar sistemáticamente la ley y a comportarse con violencia y prepotencia ante el resto de la ciudadanía, sino que movilizaron a buena parte del sistema institucional de la República en defensa de sus intereses sectoriales. Fueron recibidos por altas autoridades, que dedicaron tiempo y recursos de los contribuyentes para mediar en un asunto particular que nada tiene que ver con el interés general, incluyendo al vicepresidente Hugo Velázquez, quien aspira a ser el candidato colorado a la Presidencia, y lograron la aprobación en general de una insólita ley de fletes en el Senado, poniendo una vez más de manifiesto el trastocado orden de prioridades de las fuerzas y corrientes políticas del país.
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No contentos con todo ello, se atreven a amenazar. El presidente de la Federación “de Camioneros” del Paraguay, Ángel Zaracho, dijo que la propuesta de “precio temporal” del flete es aceptable hasta tanto se apruebe en el Congreso la ley que pretenden y tal como la pretenden, “para que esta crisis no se vuelva a repetir”.
El acuerdo consiste en elevar de 280 a 364 guaraníes por tonelada/kilómetro el precio mínimo del flete de carga, lo cual es tan arbitrario como inútil. Actualmente ya existe una tabla de referencia acordada con anterioridad. En épocas de cosecha y de alta demanda, el precio real sube hasta 60% por encima del de la tabla. Lo que quieren los transportistas es que ese precio mínimo rija en épocas de baja demanda, lo que, salvo quizás para las empresas más grandes, nunca ocurrirá, a no ser que estén dispuestos a aplicar técnicas mafiosas contra sus competidores, porque siempre habrá otros que estén dispuestos a ajustar sus tarifas a las condiciones del mercado, sobre todo en un sector donde reina la informalidad.
Pero más allá del precio que cobren o dejen de cobrar los transportistas, lo cual en definitiva es un problema entre partes privadas, lo más grave aquí es la señal que se le envía a la sociedad y el pésimo antecedente que, una vez más, se deja para el futuro. Por un lado, pronto tendremos nuevos piquetes de camiones. De hecho, este es el segundo en menos de un año. Por el otro, la próxima vez que la Patrulla Caminera quiera aplicar una multa a alguien, este podrá decir por qué a él sí y a los transportistas no, y podrá hacerlo con todo derecho, porque la ley es para todos o no es para nadie.
Muchos políticos dentro y fuera de los gobiernos se disputan la simpatía de los grupos de presión, en este caso un sector empresarial como cualquier otro. Creerán que así salen fortalecidos, olvidando que esos grupos son siempre minoritarios y que sus intereses casi nunca corresponden con los de las mayorías. Es posible que la ciudadanía no tenga la misma capacidad de organizarse y movilizarse, pero hechos como estos, que se repiten permanentemente, solo hacen que aumente más y más la indignación, lo que alguna vez les explotará en la cara.