La corrupción es uno de los deportes más exitosos, más practicados y más rentables en el Paraguay. Los asaltos a las arcas fiscales se realizan a cara descubierta y se llevan a cabo en todas las esferas: en los tres Poderes del Estado, gobernaciones, municipalidades. Es el origen de tantas fortunas, de modo que se vea aquel o aquella que quiera cuestionar a quienes se han beneficiado o se benefician de tan lucrativa actividad. Para eso, allí está la Fiscalía, para actuar como garrote contra quienes osen cuestionar a esos acaudalados mimados del poder.
Es lo que está ocurriendo con la conocida activista anticorrupción María Esther Roa, quien lidera la Comisión Escrache Ciudadano a los corruptos, y es presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Los fiscales Juan Carlos Ruiz Díaz y Ángel Ramírez han solicitado para ella una multa de 300 jornales, y el tribunal de sentencia que debe dar a conocer el fallo el próximo jueves está integrado por Carlos Hermosilla, Fabián Escobar y Sandra Farías. Más allá de la levedad o rigurosidad de la sentencia que pueda producirse, lo cuestionable aquí es que una de las pocas perseguidas con tanta saña por violar la cuarentena sea precisamente la conocida activista anticorrupción, mientras otros personajes influyentes y las mismas altas autoridades han pisoteado la medida sanitaria sin consecuencia alguna para ellos. Evidentemente que la intención es “ficharla” a la señora Roa como una violadora de la ley, como una “condenada” para que “se cuide” porque en adelante la ley ya no va a ser tan “complaciente” con ella. Es un “sosegate” para que se quede en su casa y deje de molestar.
Los vaivenes que ha venido teniendo el Ministerio Público desde que se inició la cuarentena dispuesta por el Gobierno, es sumamente preocupante, sobre todo de cara a este fallo que se viene. Al principio de las restricciones inconstitucionales dispuestas por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, utilizando un decreto, los fiscales salían a las calles a participar de barreras, formando parte de las cuadrillas de agentes de policía, agentes de tránsito y militares.
Luego de un tiempo, dejaron de participar de las barreras callejeras, porque se percataron repentinamente de que la Constitución y la ley no les asignan esa función. Posteriormente, en mayo de 2020, incluso suscribieron un convenio con la Corte Suprema de Justicia para buscar salidas alternativas a los miles de casos que habían acumulado contra ciudadanos afectados por encontrarse en la calle fuera de horario.
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Según la página oficial de la Corte: “El convenio tiene por objeto establecer las bases que regirán las relaciones de cooperación entre las partes para el desarrollo de las actividades orientadas al cumplimiento de sus respectivas misiones institucionales en el marco de la ejecución del plan de contingencia denominado “Plan de depuración de casos penales relacionados a la pandemia del covid-19”.
Esta decisión política tiene un significado unívoco: los casos no son lo suficientemente agraviantes para la sociedad, a la que representa el Ministerio Público, como para llegar a juicio oral. Pero, la Fiscalía, curiosamente, decidió sostener la acusación contra los manifestantes anticorrupción que, al principio de la pandemia, en junio de 2020, realizaron frente al Panteón Nacional de los Héroes, porque habrían incumplido la indicación de mantener la distancia de dos metros entre las personas, contenida en un decreto. Coincidentemente, de esa manifestación participaba la señora María Ester Roa.
No es comprensible que la Fiscalía insista en perseguir penalmente conductas que están prohibidas por decreto y no por ley. Ello es atentatorio contra el principio de legalidad que consagra el mismo Código Penal: “Artículo 1. Principio de legalidad. Nadie será sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa y estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que motive la sanción”.
Lo llamativo del hecho es que esa manifestación reclamaba castigo para actos de corrupción ocurridos en el marco de la pandemia. Mientras tanto, hasta ahora no existe un solo imputado del Gobierno por el escándalo de los insumos chinos, el negociado con el oxígeno, el perjuicio en el proceso de compras de vacunas que nunca llegaron o el hurto de vacunas de los mismos centros de vacunación, entre otros.
En el plano más general, vale recalcar que la Fiscalía y el grupo anticorrupción organizados por el Gobierno son sumamente eficientes cuando se trata de ciudadanos comunes, pero mira a otro lado cuando los sospechosos son funcionarios y políticos vinculados al poder. Así, hemos visto la agilidad de los fiscales para enviar a la cárcel a ladrones de pomelos o de bicicletas, pero son pachorrentos y buscan la vuelta –por ejemplo, haciendo su tarea defectuosamente– cuando se trata de poderosos de la política.
En un Estado de derecho, uno de los principios fundamentales es el de igualdad ante la ley. Todas las personas, sin importar su cargo, condición social o capacidad económica deben cumplir con la ley y ser sancionados si la infringen.
Por eso, independientemente que para la Fiscalía llevar a juicio a manifestantes contra la corrupción por haber violado un decreto, sea importante, obviamente es una actitud contradictoria respecto de otros grupos que también se manifestaron en pandemia ocupando las calles de la ciudad, sin ser molestados.
La ciudadanía se pregunta por qué los fiscales actúan como liebres en ciertos casos, que ellos mismos consideran bagatelarios, pero marcha al ritmo de una tortuga cuando recibe denuncias como la venta ilegal de energía de Itaipú, denuncia del Senado contra legisladores presuntamente vinculados con el narcotráfico, endeudamiento del país tomando créditos de Eletrobras en favor del Brasil, licitaciones amañadas, metrobús, ineficiencia mortal durante la pandemia, contrabando de cigarrillos, enriquecimiento ilícito de fiscales y jueces que viven como millonarios en el este del país y un largo etcétera.
Si la ley sigue aplicándose de acuerdo con las simpatías políticas o intereses económicos, el efecto será el contrario al anhelado en una democracia, que se sostiene justamente sobre la base del respeto a la ley.
Los privilegios que dan fiscales y jueces a los amigos del poder, congelando las denuncias, aplicando penas irrisorias en casos de corrupción, dilatando casos, vendiendo sentencias, destruyen la credibilidad de la sociedad no solo en estos funcionarios que son delincuentes comunes, sino que fomentan la desobediencia de la ley. Y esta consecuencia corroe los cimientos de todo el tejido social, lo que afecta a las posibilidades de desarrollo como un país confiable ante el mundo.
En caso de una condena a la señora María Esther Roa, es de suponer que fiscales y jueces llamarán luego a tantos otros manifestantes, políticos y hombres poderosos que participaron de manifestaciones y fiestas privadas sin guardar las normas establecidas de prevención del covid. Si no recuerdan cuáles fueron, les bastará con mirar los archivos de prensa, aunque dudamos que aquí se trate de falta de memoria.