La Ley Nº 6299/19 dice que los miembros del CM deben “fundamentar oralmente” sus votos en la sesión en la que el Consejo decida sobre la conformación de ternas para integrar la Corte Suprema de Justicia y que ella debe ser transmitida a través de medios audiovisuales. Y bien, lo único que la ciudadanía pudo observar es que los consejeros escribían algo, sin que en ningún momento dieran las razones por las que habían propuesto sus respectivas ternas. Más aún, como bastaba con que sus integrantes hubieran obtenido 70 puntos en la “evaluación integral cualitativa”, resultó que los finalmente elegidos –los camaristas Alma Méndez de Buongermini y Gustavo Ocampos, así como el senador-rector Víctor Ríos (PLRA)– no figuraban entre los tres mejor calificados: fueron seleccionados arbitrariamente, de modo que bien se podría haber omitido la evaluación final. No bastaba, en absoluto, con que fueran los más votados en la última sesión, pues era imprescindible, según la ley citada, que cada uno de los consejeros fundamentara su decisión en forma oral.
En otros términos, todo fue una farsa, en la que los actores hicieron lo que les dio la gana, sin importarles un bledo ni la razón ni la transparencia. Y conste que también el reglamento del CM dispone que la terna surja en una sesión pública, mediante votos fundados, para que haya igualdad de oportunidades, según señaló alguna vez su presidente, Óscar Paciello. La opinión pública desconoce los motivos por los que fueron ternados ambos camaristas, pero no así que el senador-rector, que ocupó el octavo puesto en el ranking, se ganó el lugar gracias a una componenda político-partidaria de la peor especie. El presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR), ya lo había anticipado a fines de agosto, cuando sostuvo que la recién fallecida ministra Gladys Bareiro de Módica debía ser sustituida por una persona afiliada a su partido, es decir, al PLRA. En su aberrante opinión, había que mantener el “equilibrio en la representación política”, dentro de la máxima autoridad judicial, como si sus ministros fueran una suerte de comisionados de sus respectivos partidos. No bastan, entre otras cosas, la idoneidad ni la “notoria honorabilidad”, sino que el reemplazante también debe tener un determinado carnet partidario, según la ocasión.
El nefasto principio del “cuoteo” también rige en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), razón por la cual entró en el campo de las perversas negociaciones en torno a la vacancia en la Corte. En efecto, el senador Enrique Bacchetta (ANR) admitió que se le ofreció reemplazar a la miembro del TSJE María Elena Wapenka, a cambio de que Víctor Ríos se convierta en ministro-rector: la jugarreta no funcionó por desinterés del legislador colorado, pero ya estará en vista alguna alternativa. Por de pronto, la desgraciada idea del senador Salomón ya superó la barrera inicial y ahora resta que sus colegas se sumen a él, antes de que el Poder Ejecutivo preste su acuerdo. Se espera que el senador-rector tenga la decencia de abstenerse de votar por sí mismo, la que no exhibe siguiendo al frente de la Universidad Nacional de Pilar, pese a la incompatibilidad resultante de la Ley Nº 5534/15, que reglamenta los arts. 196, 241 y 254 de la Constitución.
El PLRA tendrá que dar muchas explicaciones al electorado acerca de la tan repudiable transacción, que desmiente todo cuanto pueda pregonar acerca de la independencia de la administración de Justicia y de la igualdad de oportunidades, también para los no afiliados a ningún partido. También torna irrisorias las encendidas palabras de su presidente, Efraín Alegre, que el 18 de octubre exigió suspender el proceso de selección y habló de un “Consejo de delincuentes y sinvergüenzas”, que eliminan a los mejor calificados para instalar a corruptos al servicio del cartismo. Por su parte, el CM ha confirmado, por si aún hacía falta, que está al servicio de la más rancia politiquería, sin respetar la ley, el reglamento o la moral. Salta a la vista el rotundo fracaso de su misión de ir integrando el Ministerio Público y el Poder Judicial con personas honestas e idóneas: está al servicio de quienes buscan el poder por el poder mismo o, en todo caso, para enriquecerse. A este paso, la Justicia paraguaya continuará su desprestigiado derrotero e irá acumulando el repudio ciudadano que puede explotar con impredecibles consecuencias.
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