El Consejo de la Magistratura, órgano encargado por la Constitución de seleccionar a los integrantes de la terna de candidatos para llenar en la Corte Suprema de Justicia la vacancia producida por el fallecimiento de Gladys Bareiro de Módica, remitió a la Cámara de Senadores a los tres doctores en Derecho que eligió en cuestionado concurso.
Este llamado viene generando una sorda pero extensa repulsa nacional desde que se inició ya con un exiguo número de participantes, dieciocho, el más bajo de la historia del Consejo, lo que, a su vez, ya fue reflejo de la profunda desconfianza que rodea todas las actuaciones del mencionado instituto constitucional.
Estas convocatorias para interesados en integrar la Corte Suprema de Justicia están viciadas, desde 1992, de una deshonestidad profunda y manifiesta que corrompe de raíz todo el proceso: integrar la Corte es un hecho político de primera magnitud en cualquier democracia funcional del mundo, pero aquí los poderes fácticos que se han apoderado de la Corte Suprema han pretendido, desde el principio, disfrazar la cuestión de carrera académica y ningunear todos los demás intereses que intervienen en el proceso.
El resultado está a la vista y es evidente por sí mismo: sufrimos la peor administración de justicia del continente, una de las peores del mundo.
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El proceso de nominación de ministros de la Corte jamás debió haber sido disfrazado de competencia académica como si la misma fuera la condición por excelencia: nunca se han respetado los valores intelectuales ni la probidad de los concursantes. Esa farsa al servicio de los poderes fácticos no le sirve al Paraguay. El proceso debe ser sincerado y rápido, ahora mismo. Es un procedimiento político donde lo que se debe discutir sin tapujos y sobre la mesa es a qué fuerza representa cada concursante y si su presencia en la Corte agrega equilibrio o desequilibrio con respecto a los poderes fácticos, con respecto a las filosofías del Derecho y a las problemáticas que tienen en turbulencia a nuestra sociedad.
Aún tenemos tiempo de corregir el rumbo torcido que todo esto ha tenido desde el principio, y en la discusión sobre los ternados en este lamentable proceso en curso se deben plantear las cosas como son realmente, abriendo las ventanas y las puertas para que el pueblo paraguayo conozca las cartas verdaderas que se están jugando y participe desde la verdad y no desde la farsa.
Alma Méndez de Buongermini, Víctor Ríos y Gustavo Ocampos representan fuerzas reales que operan en nuestra sociedad, y simular que integran la terna por sus valores académicos solamente es una estafa, un engaño, un encubrimiento.
El debate en el Senado por el cual alguno de ellos será propuesto para ministro de la Corte al presidente Mario Abdo Benítez debe expresar la realidad y debe permitir a la nación paraguaya ver a quién representa cada uno de ellos, qué impacto tendrá eso en la Corte y en la administración de la justicia paraguaya, quiénes se beneficiarán y quiénes serán los perjudicados. Esos son los términos reales y honestos del debate.
Los antecedentes no permiten ser demasiado optimistas sobre el Senado. Pero que los senadores al menos sepan que ya nadie cree en la farsa con la que en todo este tiempo construyeron una Corte a la medida de los corruptos.