Insólitamente, los dos principales argumentos esgrimidos son, por un lado, que supuestamente en Brasil se pagó una compensación similar y, por el otro, que “no es dinero del Estado” e “Itaipú tiene mucha plata”, como increíblemente declaró la senadora Hermelinda Alvarenga (PLRA). Ambos argumentos, además de inauditos, son falsos.
Itaipú aclaró mediante un comunicado emitido ya en junio de 2022, previamente a la aprobación de la ley, que en la margen izquierda (Brasil) nunca se pagaron indemnizaciones a extrabajadores de contratistas y subcontratistas, locadores o sublocadores de servicios, como codician hacerlo aquí. Sí hubo un pago a trabajadores directos de Itaipú en concepto de adicional de peligrosidad por riesgo eléctrico como resultado de una sentencia judicial, por acción presentada en tiempo y forma, antes de la prescripción.
Pero aun si en Brasil se hubiesen realizado pagos indebidos a terceros con fondos de Itaipú, lo que correspondería sería exigir una investigación por lesión de confianza contra el patrimonio condómino de la entidad binacional, y de ninguna manera “equiparar” la misma defraudación del lado paraguayo.
Sostener que el dinero no proviene del Paraguay lleva implícita la típica actitud vendepatria que ha predominado en gran parte de la clase política en relación con Itaipú, como si la hidroeléctrica fuera una empresa básicamente brasileña y Paraguay un convidado de piedra. Pero Itaipú es el producto del aprovechamiento de un recurso natural indivisible, que es el potencial energético del río Paraná. Todo lo que es y lo que genera la central es paraguayo en un 50% y, por lo tanto, todos sus ingresos y egresos les competen al Paraguay y al Brasil en partes iguales.
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Es por este motivo, por ejemplo, que es perfectamente justificado para nuestro país reclamar la restitución de la llamada “deuda espuria”, batalla prácticamente perdida justamente debido a la misma actitud que ha prevalecido en este caso en el Congreso, la de considerar que “no es dinero paraguayo”. La deuda espuria es un monto de 4.200 millones de dólares agregado al pasivo de la entidad por aplicación de una tarifa inferior a la establecida por el Tratado entre 1986 y 1996. Esa deuda ilegítima, más los intereses, ha sido un perjuicio patrimonial al Paraguay.
Exactamente lo mismo ocurriría si se le pagase 940 millones de dólares a un grupo de favorecidos en contra de la Constitución, en contra de un tratado internacional, en contra del Código del Trabajo, en contra de un fallo de la Corte Suprema de Justicia y en contra del sentido común y del bien general. Lisa y llanamente, sería una nueva deuda espuria a ser solventada por los consumidores paraguayos y brasileños y en detrimento de los bienes de la República.
Presuntamente hay una lista de 16.000 beneficiarios que nadie sabe cómo se elaboró, con qué criterios, quiénes están detrás y quiénes se quieren quedar con la parte del león. Si tienen algo que consideran les corresponde, en todo caso que se lo demanden a sus expatrones, como Conempa. Pero otorgar por una ley especial un monto que equivale al 70% de los presupuestos combinados de Salud y Educación al 0,2% de la población es a todas luces inadmisible.
El proyecto fue presentado por los senadores Enrique Riera (ANR, cartista), Gilberto Apuril (ex-Hagamos), Abel González (PLRA) y Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu). El solo hecho de que una mayoría parlamentaria haya sancionado esta ley es una barbaridad, un verdadero escándalo. No solo debe archivarse definitivamente, sino que es menester investigar las motivaciones y establecer la responsabilidad política, e incluso penal, de quienes la impulsaron y la aprobaron.