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A las cansadas, Óscar “Nenecho” Rodríguez terminó confesando lo que ya se presumía, es decir, que los más de 500.000 millones de guaraníes obtenidos mediante la emisión de bonos en los últimos años, que debían invertirse exclusivamente en obras físicas, fueron desviados sobre todo al pago de sueldos por “prestaciones de servicios”, como la recolección de basuras, pese a que el art. 197 de la Ley Orgánica Municipal (LOM) prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. Intentó justificar el desvío de fondos invocando una ordenanza de 2018, que permite cubrir un déficit temporal de caja mediante letras del tesoro municipal, que son préstamos a corto plazo, pero no así recurriendo a bonos que tienen un destino específico, según dijo el exconcejal Julio Ullón, autor del proyecto de dicha normativa. Por lo demás, aunque ella lo autorizara, sería inválida por ser de menor rango que la LOM, a la que se opondría con toda evidencia.
Valga como antecedente que, tras una auditoría realizada durante la gestión de Mario Ferreiro, la Contraloría General de la República (CGR) observó el uso de fondos derivados de la emisión de bonos para “gastos que no eran de infraestructura, en contravención a lo que establece la ley”, según recordó ayer su máxima autoridad, Camilo Benítez. En su opinión, la CGR está obligada a dar intervención al Ministerio Público “cuando vemos que la Comuna emite bonos y gasta en gastos corrientes en vez de infraestructura”. Intentando negar que la descomunal suma haya sido empleada para financiar gastos corrientes, el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Nelson Mora, afirmó: “Se pagó operatividad, pues el 60% del funcionariado de la administración municipal está en la calle; ellos necesitan combustible, uniformes, herramientas, necesitan trabajar los domingos...” Desde Madrid, a donde viajó mientras el candente problema se desempolvaba en Asunción, el intendente habló de más del 70%. Y bien, los bonos fueron aprobados para solventar obras de infraestructura y no para pagar los salarios, incluidas las “horas extras”, ni el equipamiento de los recolectores de basura, entre otros.
Por cierto, el déficit del Gobierno local no es temporal, sino permanente, según se desprende de estas alarmantes palabras del propio intendente: “La realidad es una: la Municipalidad es inviable” y él haría “malabarismos” porque “el 51% de los contribuyentes no paga sus impuestos”. Esto parece una admisión implícita de que se desviaron fondos, porque el insostenible estado financiero impediría solventar gastos corrientes mediante los ingresos tributarios. En otras palabras, podría decirse que se están haciendo transfusiones a un cadáver.
Y bien, el hecho de que la Municipalidad se halle en virtual quiebra técnica –la deuda a corto plazo es de 593.000 millones de guaraníes, mientras que el activo corriente llega a solo 292.000 millones– es atribuible en gran medida a la superpoblación de funcionarios, contratados y jornaleros, a la que se suma la consabida corruptela tradicional. En cuanto a la evasión impositiva, es obvio que no justifica que se viole la LOM, a más de mostrar que la Municipalidad no sirve ni para cobrar lo que le deben. Lo que el intendente debe hacer es combatir esa evasión en vez de emitir bonos con una finalidad fraudulenta.
Con las explicaciones –por no decir “excusas”– que se vienen dando, se tiene la impresión de que desde un principio estaba previsto destinar los bonos al pago de gastos corrientes, así que la mayoría de los concejales fue engañada –o se dejó engañar– con gusto al aprobar las emisiones de bonos mediante resoluciones en las que figuraban las obras a ser construidas, con sus respectivos costos. De esta manera, esas ordenanzas habrían sido de contenido falso; todo indica que, en puridad, no hubo un “desvío de fondos”, ya que fueron destinados a lo realmente pretendido ab initio: las ficticias obras solo habrían servido de pantalla. Desde luego, lo apuntado no excluye que algún dinero podría haber llegado a los bolsillos de jerarcas municipales, así que también el Ministerio Público debería tener los ojos bien abiertos ante este mayúsculo escándalo.
Hay que darle la razón al intendente en que la Municipalidad es “inviable”, al menos mientras él se ocupe de su administración, con la complicidad o el encubrimiento de la mayoría de los ediles, que aprobaron a ciegas sus balances generales, sin tener en cuenta la LOM ni preguntarse dónde estaban las obras físicas. Lo prioritario habría sido mantener a la frondosa clientela –incluida a los “comisionados” de otras instituciones–, endeudando aún más a la “inviable” institución en bancarrota, esta vez bajo el formato de una emisión de bonos. La práctica anual del “bicicleteo” no puede continuar por los siglos de los siglos, así que tarde o temprano habrá que echar mano a la tijera salvadora. Hay muchos agujeros que tapar.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad anunció, quizá para compensar en parte el faltante de más de 500.000 millones de guaraníes, que el Gobierno nacional transferiría a la comuna 35 millones de dólares para cubrir deudas, en un plazo de 30 a 60 días; el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, se apresuró a ilustrarle que la amortización requerirá un plazo “bastante más largo”, de modo que la cobertura parcial del nuevo agujero habrá de demorarse. Entretanto, Óscar “Nenecho” Rodríguez debe forzar su imaginación para ofrecer otras explicaciones, porque las que hasta ahora ha dado le complican aún más.
