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Con total certeza se puede afirmar que, desde hace unos tres años, autoridades del Poder Ejecutivo, del Legislativo y el Ministerio Público conocen a cabalidad informaciones de inteligencia financiera sobre presuntas actividades ilícitas del difunto diputado de la Nación Eulalio “Lalo” Gomes, su hijo Alexandre y al menos una de sus empresas. Jorge Querey, exsenador y extitular de la Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI), confirmó la existencia de una profusa documentación que llegó inclusive a la Bicameral; con esta información se puede sospechar que oficinas e instituciones de control del Estado paraguayo permitieron campaña electoral con fondos de dudoso origen y contemplaron sin inmutarse la consolidación de Gomes como una figura política pese a estar presuntamente conectado con presuntas actividades delictivas.
El asesinado diputado ayudó a muchos a llegar al poder y logró –él mismo– llegar al corazón del Poder Legislativo, pese a todas las sospechas de ilegalidad denunciadas, sin que a nadie se le moviera un solo pelo. Fallidas instituciones de control permitieron la candidatura, la campaña electoral y la investidura final; con ello nos convirtieron en un Estado permeable al crimen organizado. O lo que es lo mismo, un narcoestado, definido por aquel país en el cual instituciones gubernamentales están siendo manejadas, controladas o cooptadas por organizaciones del narcotráfico.
En noviembre del 2021 la Fiscalía General a cargo de Sandra Quiñónez recibió un informe de inteligencia financiera de más de 250 páginas proveniente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dependiente de la Presidencia de la República a cargo entonces de Mario Abdo Benítez. Trataba sobre “Lalo” Gomes, su hijo y su patrimonio. Ese mismo informe aterrizó después en la Comisión Bicameral de Investigación de Ilícitos (CBI) presidida entonces por el senador Jorge Querey (FG), actualmente fuera del Congreso, e integrada por el diputado y vicepresidente Jorge Ávalos Mariño (PLRA); relator senador Juan Eudes Afara (ANR, FR), Basilio Núñez (ANR, cartista), en ese momento diputado y actual presidente del Senado y del Congreso; diputado Hugo Ramírez (ANR, FR), actualmente fuera del Congreso, y diputado Enrique Antonio Buzarquis (PLRA).
Cuando el presidente Santiago Peña dice que de “Lalo” Gomes solo se sabían rumores publicados por la prensa, ¿desconocía estos informes oficiales existentes? Bachi, uno de los principales referentes del movimiento Honor Colorado que llevó a la presidencia a Santiago Peña, al que también pertenecía el fallecido, ¿nunca mencionó al Presidente, ni a ninguno de sus correligionarios, el informe existente?
El actual presidente del Congreso no puede esconderse detrás de ninguna excusa como la que ha ensayado en las últimas horas. No puede alegar que no firmó ya que lo hizo; no puede justificar diciendo que era solo un párrafo cuando había un anexo de 250 páginas. En otras palabras, la investidura de la que gozaba antes y más aún la que reviste ahora no se lo permiten. Conoció las denuncias siendo diputado, las sabía cuando se convirtió en senador y con toda certeza no pudo haberlas olvidado cuando se reunió –en su carácter de titular del Congreso– con el Presidente de la República para expresar su apoyo a las autoridades intervinientes en el operativo que terminó en la muerte de Gomes. ¿Con qué cara ha estado fingiendo –y sigue fingiendo– desconocimiento el presidente del Poder Legislativo?
Es inevitable la pregunta sobre la crucial Fiscalía General del Estado: ¿qué diligencias ordenó Sandra Quiñónez con el reporte que tenía en sus manos mientras veía que el sujeto de la investigación hacía campaña electoral con abundantes recursos? ¿Qué hicieron en el Congreso de la Nación a través de sus dos cámaras, tres parlamentarios colorados y tres opositores, con la información a la que se les dio acceso?
A la vista de la inacción materializada en estos últimos tres años sobre la grave denuncia expuesta, la respuesta a la pregunta de qué medidas tomaron es demoledoramente certera e inapelable: NINGUNA. El sujeto de la investigación de inteligencia financiera, “Lalo” Gomes, arribó cómodamente a la política de la mano del cartismo, se consolidó con una costosa campaña electoral donde propició otras candidaturas, candidatos que por cierto, hoy día y sin despeinarse siquiera, desconocen a su mentor. “Lalo” Gomes se convirtió en diputado sin que NADIE recordara las más de 250 páginas existentes en su contra.
Para infortunio de la vida democrática del Paraguay en general, y en particular para su familia, “Lalo” Gomes cayó muerto en un allanamiento fiscal policial que reviste aún muchísimos cuestionamientos que responder. Su muerte no puede ser considerada una forma de hacer justicia, al contrario, puede hasta sospecharse con razón de que es una desgraciada consecuencia de no haber actuado en tiempo y en forma para la indagación de los hechos denunciados.
En el relatorio del informe de Seprelad hay una detallada descripción de actividades presuntamente ilícitas conectadas con el crimen organizado, lavado de dinero y narcotraficantes. El reporte está construido con cifras, datos, nombres de empresas, movimientos financieros y hasta una supuesta ingeniería usada para construir un imperio económico que –hoy se sabe– llegaría a unos 130 millones de dólares. Según el reporte, “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre habrían creado un esquema de captación de recursos provenientes del narcotráfico u otros hechos de origen ilícito para su colocación, estratificación y reintegro. En otras palabras, lavado de dinero.
La deplorable inacción de los poderes del Estado y de la Fiscalía General –que en tres años no fue capaz de articularse e investigar para esclarecer los hechos– colocan hoy al país en un momento sumamente delicado: los últimos hechos ocurridos como respuesta ante presuntas ilicitudes agravian nuestro sistema republicano pero también refuerzan la certeza de la permisividad hacia la plata fácil en campañas electorales, el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero.
Más que nada, nos refuerza el sentimiento de que Paraguay se ha convertido en un auténtico narcoestado: para ello cumplimos todas y cada una de las premisas que lo describen.
