La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, dijo estar “consternada y dolida en lo más profundo”, tras el accidente que causó seis víctimas mortales en la marcada pendiente de la ruta PY02, a la altura de la compañía Pedrozo, de Ypacaraí, en cuya zona ayer ocurrió otro fatal accidente camionero. Está bien que así sea, toda vez que sea sincera, pues el Ministerio a su cargo tiene mucha responsabilidad en varios de los luctuosos hechos carreteros que ocurren con frecuencia. Según la Dirección Nacional de Transporte, el camión estaba habilitado para circular por tener sus documentos al día, lo que implica que habría sido objeto de una inspección técnica para darle la habilitación. Se plantea así la pregunta de a quién creerle.
En el mismo sitio –escenario de más de cuarenta accidentes de tránsito con más de ochenta fallecidos– se halla un viaducto, previsto en 2024, que debió habilitarse en mayo último para eliminar el cruce semafórico temporal, al que los vecinos se habían opuesto en las audiencias públicas de 2021. Tuvo que ocurrir una tragedia para que la concesionaria Rutas del Este SA, representada por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill (ANR, Fuerza Republicana), desmonte el semáforo referido, que debía tener un carácter temporal.
Rutas del Este SA no ha creído oportuno pronunciarse formalmente acerca del evento. Según su jefe de obras, José Irrazábal, el proyecto original preveía la eliminación del semáforo, algo que recién empezó a efectuarse tras el dramático accidente, lo que parece indicar que el Ministerio competente no había advertido la omisión. Ahora resulta que los pobladores de la zona deben caminar largas distancias, algunos 300 o 400 metros, para utilizar otro viaducto para cruzar la transitada ruta. En palabras de uno de ellos: “Es imposible tener que ir allá lejos y volver (...) tampoco nos dan otra alternativa: no nos queda otra que arriesgarnos todos los días”.
En otros términos, la prolongada negligencia –de los sectores público y privado– seguiría poniendo en serio riesgo vidas humanas. El temor de los vecinos y conductores es absolutamente comprensible. “Aquí hubo responsables penales”, dijo la senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana), en tanto que su colega Éver Villalba (PLRA) pidió formalmente al Ministerio Público que determine la posible responsabilidad penal de la ministra, del viceministro Hugo Arce, de los fiscalizadores de la obra y de los directivos de la concesionaria.
El paso a desnivel, que servirá para eliminar el peligro mortal a un costo de 26.077 millones de guaraníes, sigue inconcluso: avanzó apenas en un 47%, debido a problemas con las expropiaciones de trece inmuebles que están judicializadas y con la liberación de la franja de dominio –algunas de las cuales parece que ahora comienzan a ser habilitadas–, según el Ministerio. Se ha informado que se abrirá recién dentro de cinco o seis meses. Este plazo talvez hubiera sido mayor si no ocurriera el grave accidente. Como siempre ocurre, las autoridades reaccionan, se muestran indignadas y adoptan medidas recién cuando ocurre una tragedia. Es decir, la obra fue iniciada sin que todos los terrenos hayan sido liberados, como ocurrió con el metrobús. Pasaron los años y el Ministerio competente –de más de un Gobierno– fue incapaz de habilitar vías alternativas para impedir siniestros en el sitio mencionado, pese a las advertencias oportunas: salta a la vista la falta de planificación adecuada, es decir, la improvisación propia de los ineptos.
Resulta inconcebible que la gente continúe muriendo por la incapacidad, negligencia o corrupción de las autoridades, que desatienden las exigencias para la segura circulación por calles y rutas, incluyéndose también en este sentido a los intendentes, como los de Asunción, que mantienen a la ciudad en pésimas condiciones. En cuanto a la responsabilidad emergente, el Ministerio tiene un triste historial: en 2025, fue condenado a indemnizar con 900 millones de guaraníes a una familia, debido a la muerte de un joven en un accidente causado por un bache en la ruta PY01. Hace unos días, un motociclista falleció en la ruta PY02, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora, al chocar contra una columna tras haber eludido un bache. En casos como estos, el dinero de los contribuyentes, que podría destinarse a obras y servicios públicos, se destina a la reparación del daño causado por la grave negligencia de quienes integran el aparato estatal. Estas autoridades quedan impunes y hasta permanecen en sus cargos tranquilamente, ya que las indemnizaciones se pagan con dinero proveniente de los bolsillos de Juan Pueblo.
La ministra debió haber sido consciente de que el cruce de Pedrozo era una “bomba de tiempo”, al decir de los vecinos: si hubiera tenido la precaución de desactivarla antes de que estalle, se habría evitado un gran dolor colectivo. El oficialismo no quiere que sea interpelada por la Cámara de Diputados ni por la de Senadores, como si no tuviera explicaciones que dar: las tiene y son muchas, porque si hubiera actuado oportunamente, se habrían evitado quizá las irreparables pérdidas que ella misma dice lamentar.
Hace un mes, el citado senador Éver Villalba denunció que en el MOPC se habría causado al erario un daño de un billón de guaraníes (160 millones de dólares), descalificando a firmas ajustadas a la ley para adjudicar obras a un costo de hasta el 85% superior al de los precios de referencia. Además, el Ministerio tiene varias dependencias, como su Viceministerio del Transporte, que aporta poco o nada de soluciones. Otro organismo, la Patrulla Caminera, también hace de las suyas, como bien lo saben incluso los turistas que circulan por nuestras rutas. Para poner fin a tanto desgobierno, es perentorio que el Ministerio esté en mucho mejores manos.