Los sindicalistas de la Municipalidad de Asunción siguen recurriendo al chantaje para imponer sus abusivas pretensiones. Tras haber fracasado el que cometieron antes de los comicios municipales, mediante la implícita amenaza de no votar por las candidaturas de la ANR, ahora blanden el garrote de la huelga general, con el que golpearían a los vecinos si los actuales ediles no homologaran el contrato colectivo de condiciones de trabajo, suscrito con el aún intendente Luis Bello (ANR), previo dictamen de la Comisión de Legislación.
Si el documento no es aprobado, “vamos a parar Asunción”, dijo muy suelto de cuerpo el sindicalista Alberto Gaona. Vaya por delante que, según la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, al declararse en huelga, quienes presten “servicios públicos imprescindibles” deben garantizar su funcionamiento regular, para lo cual la máxima autoridad de la entidad afectada debe comunicar al sindicato la nómina del personal requerido para ello. Implica una falta grave, sancionada con la destitución, que los servicios esenciales no sean atendidos por los nombrados para el efecto.
Es decir, la huelga no podrá ser “general”, aunque así lo pretenda el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Sitrama), pues deben mantenerse los servicios citados, entre los que figuran, según la misma ley, la atención sanitaria y hospitalaria, la recolección y disposición de residuos y la seguridad vial. Por lo demás, al servidor público le está vedado impedir o dificultar que la institución preste sus servicios ni atentar contra derechos ajenos en la vía pública, haya sido declarada o no la medida de fuerza.
La ley referida, contra la que el Sitrama promovió en 2025 una acción de inconstitucionalidad aún irresuelta, prohíbe que el contrato colectivo de trabajo contenga beneficios no incluidos en el Presupuesto municipal y aumentos salariales contra las reglas de la ley de responsabilidad fiscal o la política de remuneraciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Valgan estas precisiones para que tampoco la población capitalina se atemorice, ante la renovada amenaza: los servicios públicos imprescindibles deben ser prestados aunque se declare la huelga que, en directo perjuicio de la población asuncena, apunta a forzar una decisión que avale un acuerdo lesivo al interés general. Así como están las cosas, los presupuestívoros municipales quieren dar un último zarpazo a los recursos aportados por los contribuyentes antes de que termine su mandato una administración que mimó a los “trabajadores” –es un decir– por sobre los intereses de los asuncenos.
El sindicalismo municipal pretende atar las manos a la intendenta recién electa, esto es, poner trabas al deseo de cambio reflejado en la decisión de los electores; no solo quiere, entre otras cosas, que el prebendarismo persista y que, por ende, los “servicios personales” sigan superando el 60% de los ingresos corrientes ejecutados, sino también que continúen las “terribles prácticas ilegales”, con las que estarían muy satisfechos los más de 9.000 asalariados. Puede presumirse que el gremialismo comunal se opone a la voluntad de cambio que conlleva la elección de Soledad Núñez; se sentía muy a gusto con la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, así como hoy con la de Luis Bello, ambos colorados cartistas.
Si los actuales ediles colorados no cedieron al chantaje preelectoral, es de esperar que también se resistan ahora, cuando la suerte ya está echada. El mayoritario electorado asunceno, de hecho principal víctima de la extorsión anunciada, votó por un nuevo Gobierno comunal, en el que el interés de la población prevalezca sobre el de la clientela político-partidaria. Ese interés debe ser atendido mediante un gasto público reflejado en obras y servicios: ya es tiempo de que el derroche y la malversación de los últimos años pasen a la historia, aunque algunos deseen que se repitan porque, con toda evidencia, “estuvieron mejor”.
La nueva intendenta tiene el respaldo popular necesario para sanear la Municipalidad: la prepotente medida de fuerza con la que se busca que todo siga igual, a expensas de los asuncenos, debe ser ignorada con la ley en la mano. Es lo que exige el bien común, que debe primar sobre el de quienes ingresaron y permanecen en la plantilla comunal sin demostrar méritos ni aptitudes, sino servilismos y complicidades. La administración capitalina tiene que ser depurada de quienes la envilecieron hasta insólitos extremos. Esta es una oportunidad, que debe ser aprovechada con inteligencia y valor cívico.