La reciente incautación de la mayor carga de cocaína en el país ha llevado a algunos a afirmar que el acontecimiento marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en Paraguay. Lamentablemente, demasiadas razones indican que eso está muy lejos de la realidad. En cambio, hay otro hecho menos espectacular, pero mucho más relevante, que sí podría constituirse en un punto de inflexión: las señales que ha dado la administración Obama después de la reelección de iniciar un viraje en la fracasada política de “guerra a las drogas”.
El operativo en el que se decomisaron 1.748 kilos del mencionado estupefaciente en una estancia de La Paloma, Canindeyú, más que una buena noticia, es una noticia sumamente inquietante.
Por un lado, revela que Paraguay es un área de tránsito de cocaína mayor de lo que se creía, situación que probablemente está teniendo impacto en el consumo interno de esa droga y sus derivados, porque los narcotraficantes suelen pagar a sus intermediarios parte en dinero en efectivo y parte en especie, lo que provoca que cantidades cada vez más considerables sean comercializadas en el territorio nacional. A ello hay que atribuir, por ejemplo, el preocupante aumento del fenómeno del crack.
Por otro lado, demuestra de manera inocultable lo que ya es conocido por todos: el nexo estrecho de las mafias con las fuerzas de seguridad, la justicia y la política. ¿De dónde salen, si no, los inexplicables lujos que ostentan policías, militares, fiscales, jueces, políticos locales, parlamentarios, funcionarios, sin correspondencia alguna con sus ingresos?
El decomiso y los arrestos en La Paloma probablemente implican un fuerte golpe para un grupo particular de narcotraficantes, pero no para el narcotráfico. Se podría decir que todo lo contrario, y es eso lo verdaderamente perverso de la “guerra a las drogas”: que se destinan gigantescos recursos y se pierden decenas de miles de vidas humanas en una guerra sin fin y sin resultados para seguir beneficiando a los mafiosos.
Ello es así por la propia economía de este negocio. Las drogas son productos muy baratos y fáciles de producir, pero la misma política de prohibición hace que los precios de mercado superen cincuenta y cien veces el costo de producción, transporte y distribución. La prohibición tiene el doble efecto de aumentar el riesgo, y por lo tanto la ganancia, y de limitar el número de competidores, que se circunscriben a las bandas criminales más despiadadas, dispuestas a hacer lo que sea por quedarse con esos fabulosos márgenes.
Por el lado de la oferta, además, la prohibición tiende a sacar del mercado a los competidores más torpes, que por lo general son los que caen, y a dejar a los más eficientes, innovadores y adaptables. Eso ha creado una generación de “supertraficantes”, que ya contrabandean en submarinos y pronto lo harán en aviones no tripulados.
En contrapartida, por el lado de la demanda, la prohibición no ha conseguido reducir el consumo. Una de las razones es que es ingenuo pensar que algo dejará de existir por estar prohibido. Pero la razón principal es que la demanda no es tan grande como se podría pensar. Se estima que menos de 4 por ciento de la población mundial consume regularmente drogas ilegales y que, de ese porcentaje, el 80 por ciento es consumidor de marihuana, que es la droga ilegal menos peligrosa. Sin embargo, debido a los altos precios provocados por la política de prohibición, esa demanda relativamente pequeña es suficiente para sostener un negocio de cientos de miles de millones de dólares anuales y mantener en vilo a sociedades enteras, sobre todo en los países productores y distribuidores, y en particular en América Latina, que es la región más violenta del mundo en términos de criminalidad.
La legalización no acabará con el consumo de drogas, como no lo ha hecho con el alcohol y el tabaco, pero representará, este sí, un golpe mortal para las mafias de narcotraficantes.
Se suele alegar que serán las propias mafias las que se harán cargo del negocio legalizado de las drogas o que, en su defecto, simplemente se dedicarán a otros negocios, pero que seguirán existiendo. Ambos argumentos parecen lógicos, pero son falsos.
En el primer caso, la legalización les quitará a los mafiosos sus ventajas competitivas más importantes, que son la intimidación, la violencia y el contrabando. Puede que intenten seguir en el negocio, pero difícilmente sobrevivan en un ambiente donde los márgenes ya no serán tan extraordinarios y donde tenderán a imponerse la eficiencia productiva y comercial, la investigación y desarrollo, la reducción de costos, la relación calidad-precio. No pasará mucho tiempo antes de que aparezcan sustitutos legales mucho más baratos y mucho más inocuos.
La respuesta al segundo argumento es que las mafias ya están hoy día incursionando en otros negocios, legales e ilegales, pero que lo pueden hacer, precisamente, porque tienen una inmensa fuente de capital, que es el narcotráfico. Si se les corta esa fuente, su capacidad de expandirse se verá drásticamente limitada.
Por lo tanto, la buena noticia no es la incautación de una, dos, tres toneladas o cualquier otra cantidad de esta droga o de la otra. La buena noticia es que, por fin, está comenzando a calar la idea de que la “guerra a las drogas” es de una irracionalidad absurda, solo útil para los narcos y para los que lucran con los descomunales recursos que se dedican a ella.
Hasta hace poco tiempo esta era una idea restringida a grupos influyentes, pero pequeños, de académicos y activistas. Luego se sumaron intelectuales y expresidentes. Este año, Otto Pérez Molina, de Guatemala, fue el primer mandatario latinoamericano en ejercicio en plantear la necesidad de una revisión de la política, y lo siguieron varios de la región, como Felipe Calderón, Juan Manuel Santos, Laura Chinchilla y José Mujica. Y ahora incluso el Gobierno de los Estados Unidos, que lidera la “guerra a las drogas”, está mostrando una inusitada apertura para discutir alternativas.
El camino aún será largo y difícil, hay muchísimos tabúes e intereses creados que vencer, así como una necesidad real de ir con cautela, evaluando correctamente el impacto de las reformas y los mecanismos adecuados de regulación, pero podemos decir que estamos en un escenario distinto, quizás por primera vez (si excluimos el caso del alcohol) desde que se declaró la “guerra al opio” en 1909 y ciertamente desde que Richard Nixon declaró la “guerra a las drogas” en 1971. Esto sí puede significar un antes y un después.