Intendente recurre al veto para seguir plan

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Raúl Isaac Mendoza Ramos (liberal llanista), intendente.
Raúl Isaac Mendoza Ramos (liberal llanista), intendente.Archivo, ABC Color

SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). El imputado intendente municipal de esta ciudad, Raúl Isaac Mendoza Ramos (liberal llanista), vetó totalmente la resolución número 132/19 de la Junta Municipal. Mediante este documento, el deliberativo comunal rechaza el pliego de bases y condiciones y el llamado a licitación pública nacional para la tercerización de la recolección y transporte de residuos sólidos generados en la ciudad.

El jefe comunal, con apoyo asegurado de cinco concejales, pretende firmar un contrato leonino que atenta contra los intereses del municipio y de la ciudadanía.

Mediante la resolución número 396/19, la Intendencia municipal veta totalmente la resolución de la Junta. El jefe comunal tenía 15 días para promulgar o vetar dicha resolución y justo a un día del vencimiento del tiempo límite presentó el veto total, vía mensaje. Ahora la corporación legislativa tiene 30 días para expedirse sobre el caso.

El veto de Mendoza tuvo entrada ayer en la plenaria de la Junta Municipal y luego fue derivado a las comisiones asesoras de Legislación, Hacienda y Asesoría para los dictámenes correspondientes.

El veto es una figura que el intendente utiliza siempre para sacar ventaja cuando sus presentaciones son rechazadas por la corporación por mayoría simple. Al no haber los votos necesarios, ocho en total, para levantar el veto, queda firme.

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Mendoza mantiene el veto siempre en complicidad con cinco concejales liberales, Lourdes Espínola (su pareja) Edgar Arias (su sobrino), Lina Coronel; Idalino Mendoza (hermano del administrador Inocencio Mendoza) y Víctor de la Cruz (esposo de la presidenta de comisiones Mariliz González).

Una mayoría de siete ediles estaría en desacuerdo en aprobar la tercerización con el contrato totalmente leonino, pero los cinco legisladores, leales a Raúl Mendoza, operan para que se mantenga el veto.

Mendoza desde el 2018 insiste en tercerizar el servicio, que está a cargo de la Municipalidad. Dice que genera pérdidas de G. 1.000 millones anualmente a la Comuna.