FUERTE OLIMPO (Carlos Almirón, corresponsal). La Ley 2051/03, de Contrataciones Pública, en su artículo 40 sobre “Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o para contratar”, indica: “No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades: a) los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos seis meses”.
La mencionada normativa no fue impedimento para que Pablina Valdez Maldonado sea adjudicada con ocho contratos, pese a ser esposa y luego exesposa o amiga del jefe de Recursos Humanos de la Gobernación de Alto Paraguay, Claudio Castillo, un antiguo funcionario de la institución. Desde junio del 2013 hasta setiembre de este año, Valdez facturó por más de G. 1.148 millones, según datos publicados en el portal electrónico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Cinco fueron contrataciones directas, dos por concurso de ofertas y una, la última y la más millonaria, por la vía de la excepción por emergencia.
La primera adjudicación data del 26 de junio de 2013 por G. 79.629.382 para adquisición de cubiertas y/o neumáticos; la segunda del 4 de noviembre del 2014, por G. 49.818.182 para servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos y embarcaciones en Asunción. La última fue por más de G. 498 millones para “Construcción de cortafuegos (incluye limpieza, desbroce y despeje del material vegetal y terminación laminada) en áreas de focos de incendios en el departamento de Alto Paraguay”.
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Esta última adjudicación se realizó por la vía de excepción, en el marco de la ley 6373 que declara en situación de emergencia ambiental los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón de la región occidental afectados por los incendios forestales registrados”.
La contratación del año 2013 corresponde a la gestión de Justo Fernández Bauzá, tres contratos del 2014 corresponden a la de Marlene Ocampos y las últimas cuatro a la administración actual, a cargo de José Domingo Adorno. Los tres son colorados.
Denuncia
Celso Muxfeld, presidente de la Asociación de Ganaderos de Agua Dulce, la zona más afectada por los incendios forestales que duraron más de un mes en El Pantanal paraguayo, dijo que durante la emergencia ni siquiera una camioneta de la Gobernación apareció por los sitios siniestrados y mucho menos las empresas supuestamente adjudicadas por la Gobernación, para trabajos en el sitio, por G. 680 millones en total.
Otra empresa contrada para los trabajos en el marco de la emergencia forestal es la de José Félix Grau Fernández, por G. 180 millones.
“Nosotros pagamos estos trabajos de cortafuego por un monto superior a G. 800 millones y hasta la fecha tenemos una deuda del 50% con los propietarios de las empresas que contratamos. La SEN (Secretaría de Emergencia Nacional) fue la única institución estatal que colaboró con combustibles”, afirmó.
Anunció que el gremio presentará ante la fiscalía una denuncia formal por las presuntas irregularidades en la Gobernación.