El magistrado ordenó la prohibición de que el lugar siga siendo usado para tirar desechos sin que sean adecuadas esas instalaciones y las actividades al plan de gestión aprobado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). También dispuso que haya estricto cumplimiento de las medidas de mitigación de impacto ambiental. La resolución fue firmada el 10 de diciembre.

La fiscalía especializada en casos de Delitos Ambientales imputó al intendente Rodríguez luego de detectar varias irregularidades en el vertedero municipal.

Sin embargo, el Mades otorgó un plazo de seis meses al jefe municipal para seguir operando el vertedero por encima de la orden judicial. El artículo 200 del Código Penal castiga con cinco años de cárcel a todo aquel que queme basura o arroje desechos en la calle o baldíos.