La fiscala del Ambiente Elisa Martínez Amarilla ya imputó, en el marco de la investigación del hecho, al representante de la empresa Durlis Leathers SA, Paulo Antonio Fell, por supuesto “procesamiento ilícito de desechos”. La firma, según las denuncias, estaría arrojando en forma directa sus desperdicios al arroyo contribuyendo en la contaminación.
La audiencia de imposición de medidas estaba prevista para el lunes último, pero fue suspendida por el juez de Garantías Hilario Bustos porque los abogados de Fell recusaron a la fiscala Martínez. El magistrado fijó nueva audiencia para el 24 de febrero.
Los pobladores expresaron que decidieron manifestarse justamente a raíz de los incidentes planteados por la defensa de Fell. “Pedimos se castigue con fuerza de ley a los responsables de la contaminación”, expresó Rosa Morán de Chávez.
Por su lado, el juez Bustos señaló que el abogado Álvaro Arias, defensor del representante de la firma Durlis Lethers SA, recusó a la fiscala Martínez, pidió la nulidad de la imputación, planteó excepción por incompetencia de jurisdicción y reposición o subsidio sobre la causa.
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Dijo que él fijó para el lunes último la audiencia de reposición para Fell, pero como recusaron a la fiscala Martínez no pudo realizarse.
Indicó también que el Ministerio Público designó al fiscal Jalil Rachid para interinar, pero este último se justificó que no podrá asistir a la audiencia porque tenía otras diligencias fijadas con anterioridad.
Los manifestantes cuestionaron la falta de acompañamiento en este tema del intendente local, Luciano Cañete (ANR). Comentaron que, sin embargo, intendentes de distritos aledaños, como Osvaldo Krause, de Nueva Italia, y Luis Rodríguez, de Yaguarón (ambos del PLRA), sí estuvieron presentes.
