CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El intendente Miguel Prieto (Alianza) y el representante de Itá Paraná SA, Bernardo Villasanti, no llegaron a un acuerdo en una audiencia de conciliación realizada ayer en el marco de una querella promovida por el empresario en contra del jefe comunal por presunta calumnia, difamación e injuria. La diligencia se llevó a cabo ayer en el Juzgado de Sentencia Nº 4, a cargo de la magistrada Flavia Recalde.
Villasanti planteó a través de su representante, el abogado Víctor Ferreira, una compensación de 2.500.000 dólares (unos G. 16.000 millones al cambio actual del dólar al guaraní) para llegar a un acuerdo con Prieto. La propuesta fue rechazada por Prieto, mediante la abogada Gilda Portillo, y solicitó al Juzgado elevar el proceso a juicio oral.
La defensa técnica alegó que cuenta con los elementos probatorios para demostrar la inocencia del jefe comunal y para visibilizar el perjuicio causado por el empresario Villasanti a las arcas municipales.
La jueza Recalde emplazó por cinco días a la defensa de Prieto para presentar todas las pruebas para posteriormente fijar una fecha para el juzgamiento.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Villasanti accionó judicialmente en contra del intendente luego de que lo calificara como “mafioso”.
Itá Paraná SA fue adjudicada para administrar la terminal de ómnibus en el año 2013 durante la gestión de la exintendenta Sandra McLeod de Zacarías (colorada cartista, imputada). El contrato que se firmó por diez años (hasta el 2023) establece que la empresa se queda con el 80% de lo recaudado en la terminal y la Municipalidad con el 20%.
En la dependencia comunal se registran ingresos de 1 millón de dólares (G. 6.400 millones al cambio actual del dólar al guaraní) por año, según los datos.
El 19 de julio del año 2019 Prieto resolvió recuperar la administración de la terminal alegando incumplimiento de obligaciones sanitarias por Itá Paraná SA. Desde entonces se inició una batalla judicial entre la empresa y la Municipalidad por el control del local.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmó el 20 de mayo último a la Comuna como administradora de la terminal.