Los pasos que ellos aseguran cumplieron “a cabalidad desde el 1 de diciembre de 2014”, cuando se enteraron de las acusaciones, son citados en el comunicado punto por punto. Aseguran que procedieron a “la separación de sus cargos de ambos sacerdotes en diciembre de 2014, la suspensión de sus ministerios en diciembre de 2014; la comunicación al obispo de la Diócesis de Villarrica, el 9 de diciembre de 2014; la denuncia a la Fiscalía, en marzo de 2015; la denuncia al superior de la congregación (Oblatos) y, por último, la denuncia a la oficina competente en el Vaticano”.
Las autoridades de la comunidad Oblatos de María Inmaculada informan además que, tras estos pasos, establecieron un comité de investigación, conformado por abogados y representantes de la Conferencia de los Religiosos del Paraguay (Conferpar). Luego de la conformación de este comité, informan que el superior de la comunidad Oblatos de María envió una delegación investigadora que recogió informes que se han agregado a la documentación.
Argumentan que el proceso “tiene su tiempo”, tanto para la Fiscalía como para Roma, pero aseguran que “lamentan profundamente el daño causado” y piden “con mucha humildad perdón a todos los afectados”.
El comunicado lleva la firma del padre Francisco Carrillo, provincial, y del padre Zenón Berikani, delegado de los Oblatos.
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