Los firmantes del escrito señalan que la Constitución Nacional paraguaya establece que la Fuerza Pública está integrada, en forma exclusiva, por las fuerzas militares y policiales, señalándose que está prohibida la formación de grupos parapoliciales o paramilitares. Afirma, además, que “nadie podrá hacer justicia por sí mismo ni reclamar sus derecho con violencia”.

Agregan en la nota que en la agresión a los nativos se ha reclutado y organizado a un grupo de civiles armados, haciendo caso omiso a la Constitución Nacional, para atacar con violencia y clandestinidad a la comunidad indígena Y’apo, atentando contra la vida e integridad física y psicológica de sus miembros, con el propósito de “despojarlos ilegítimamente de su territorio ancestral”.

La instituciones exhortan a las autoridades pertinentes a hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional y garantizar la no repetición de estos hechos violatorios a los derechos humanos de la comunidad Y’apo y de cualquier otra comunidad asentada bajo jurisdicción del Estado, con el fin de lograr la paz social y el resguardo de los derechos de los pueblos indígenas.

El documento lleva la firma de 20 personas integrantes de las diferentes redes de Derechos Humanos.