Entretanto, los integrantes del MCP están en alerta y esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar que la situación derive en un enfrentamiento entre ambos grupos.
Antes de la Semana Santa, el grupo liderado por Teófilo Aguilar inició la venta de sus derecheras a la compañía agrícola Entre Ríos, cuyo representante, Efrén Ocampos, alega que la firma posee un título del asentamiento, de 3.000 hectáreas, de un litigio de hace unos 50 años, y que en vez de recurrir al desalojo prefiere adquirir el dominio de posesión de aquellos que quieran enajenar sus derechos.
Los integrantes del MCP, sin embargo, sostienen que una empresa multinacional no puede adquirir unas tierras por las que los campesinos han luchado por tanto tiempo.
El año pasado, durante una visita al distrito, el titular del Indert, Luis Ortigoza, y el gobernador de Caaguazú, Antonio Buzarquis, prometieron a los campesinos adquirir el inmueble y proceder al reparto a los ocupantes. En ese momento habían manifestado que encontraron cerca del 80 por ciento del presupuesto destinado a la compra de tierra sin ser ejecutado, por lo que disponían de recursos para solucionar el problema. No obstante, en este tiempo se desentendieron del problema, e incluso Ortigoza había manifestado la semana anterior que no disponía del presupuesto necesario para proceder a la adquisición del lote.
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Carlos Núñez y otros líderes del grupo informaron que ayer de mañana en el Indert les dijeron que no pueden intervenir en el tema antes de proceder a la compra del inmueble, y que solicitaron al viceministro de seguridad, Blas Imas, el envío de efectivos policiales para garantizar la seguridad en el asentamiento.