LIMA (EFE). La detención del político que gobernó Perú entre 2001 y 2006 está relacionada con el proceso de extradición que se sigue en su contra desde mayo de 2018, luego de que exejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht confesaran haberle pagado US$ 20 millones para obtener licitaciones en obras públicas.
El caso está a cargo del juez Thomas S. Hixson de la Corte Federal del Distrito Norte de California en San Francisco, quien ordenó la prisión preventiva de Toledo tras una primera comparecencia en espera de nuevos procedimientos.
Toledo, quien reside en California, fue acusado en Perú de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de dinero en agravio del Estado.
Además, es uno de los cuatro ex presidentes bajo investigación por el escándalo de sobornos de la brasileña Odebrecht.
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El exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006- 2011) se suicidó en abril momentos antes de ser detenido como presunto beneficiario de coimas en la construcción del metro de Lima. También están bajo investigaciones judiciales que pueden llevarlos a prisión Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Delación premiada
En febrero pasado, la Fiscalía de Perú anunció que llegó a un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien reconoció haber ayudado a Toledo a recibir esos pagos y blanquear el dinero en paraísos fiscales.
Toledo siempre ha negado vínculos con la corrupción y afirmó en diversas ocasiones que todo es un ataque de sus enemigos y es víctima de una persecución política.
En marzo del 2019, el empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo personal de Toledo, firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía y confirmó que Odebrecht depositó, no 20 millones sino 35 millones en sus cuentas como sobornos para el expresidente.
Pero según Heriberto Benítez, el abogado del expresidente Toledo en Perú, Maiman está “declarando bajo coacción”.