GINEBRA (AFP). Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Bachelet presentó un duro nuevo informe sobre la situación agobiante a la que es sometida la población venezolana, bajo el gobierno chavista.
“Mi oficina sigue documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional –conocidas como FAES– en algunos barrios del país”, señaló.
“Tan solo en el pasado mes de julio la organización no gubernamental ‘Monitor de Víctimas’ identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas”, precisó la exmandataria chilena.
Bachelet indicó además que su oficina documentó “casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”.
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En un primer informe, presentado el pasado 5 de julio, Bachelet había denunciado la “erosión del Estado de derecho” en Venezuela, advirtiendo también que las sanciones internacionales agravaban la crisis en el país.
“La situación de derechos humanos afecta a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región”, reiteró.
Venezuela vive la peor crisis política y económica en la historia reciente, reflejada en hiperinflación, el desplome de su vital producción de crudo y el éxodo al menos cuatro millones de personas desde principios de 2016.
Efectos regionales
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, advirtió recientemente que el flujo de migrantes venezolanos que huyen de la crisis “va a continuar” si no hay una solución política interna, y además –alertó– Latinoamérica necesitará cooperación internacional para hacer frente a una situación sin precedentes en la región.
Presos políticos y militares
Opositores venezolanos y representantes de varias organizaciones no gubernamentales pidieron a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, más acciones ante los casos de violación a los derechos fundamentales de los que responsabilizan al régimen de Nicolás Maduro.
Exigen que la ONU visite a los cerca de 500 “presos políticos civiles y militares” para conocer la situación de cada uno y actúe con contundencia de cara a la terrible emergencia humanitaria que se vive en Venezuela.