Asimismo, pidió al gobierno nicaragüense “revisar su posición y permitirle el ingreso al país para llevar a cabo su mandato”, en un comunicado en el que afirma su “decisión de seguir adelante con las tareas que le fueron encomendadas por la Asamblea General ante el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua”.

La misión tenía previsto estar lunes y martes en Managua a fin de gestionar ante las autoridades y la sociedad civil una solución a la crisis que vive el país desde abril de 2018. “El Gobierno nicaragüense había sido informado de la realización del viaje”, añadió la misión, cuyos siete integrantes fueron designados el 30 de agosto y deben presentar su informe al Consejo Permanente de la OEA en un plazo de 75 días.

Nicaragua rechazó la conformación de la misión como una injerencia en los asuntos internos del país. El embajador de Estados Unidos ante el organismo interamericano, Carlos Trujillo, que integra la misión, dijo en Twitter que “bloquear la entrada de una comisión OEA muestra una vez más que Ortega no está interesado en tomar medidas constructivas para poner fin a la represión del pueblo nicaragüense y reformar el sistema político” .

“El apoyo desde los Estados Unidos y la región a los nicaragüenses seguirá firme” , subrayó.

“Bofetada”

El coordinador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD , el académico Carlos Tünnerman, consideró que la negativa del gobierno a permitir el ingreso de la comisión significa que “está rechazando a todo el sistema interamericano (...) y se cierra a la búsqueda de una solución negociada” a la crisis.

El sábado, la ACJD dijo en un comunicado que la negativa a permitir el ingreso de la misión “es consistente con la política de estado policial” y el rechazo “a toda forma de construcción de puentes con la comunidad internacional y la oposición”.

Las crisis estalló en abril, a raíz de protestas contra una reforma a la seguridad social que derivaron en un reclamo a la renuncia del presidente Daniel Ortega, que lleva 12 años en el poder y es acusado de actos de corrupción e instaurar una dictadura.

La represión de las protestas dejó al menos 325 muertos, cientos de encarcelados y 62.500 exiliados, según grupos humanitarios. El exembajador nicaragüense ante la OEA Edgard Parrales valoró la medida de “sumamente delicada y una bofetada a un organismo del cual Nicaragua es miembro”. También advirtió que ello “va a tener consecuencias para el gobierno porque es un socio de mala fe”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “lamentó” a través de sus redes sociales “la decisión del Estado de Nicaragua” .