BUENOS AIRES (EFE). El presidente Macri, un empresario devenido en político, llegó a la Casa Rosada con promesas de ordenar la economía con políticas de corte ortodoxo, pero la coyuntura económica le ha obligado a tomar medidas drásticas en las antípodas del liberalismo, como el control de cambios.
Su Gobierno atribuye la crisis, que se ha agravado en los últimos meses, a una combinación de la “herencia recibida” de los doce años de kirchnerismo, errores propios y algo de mala suerte por un escenario internacional desfavorable.
La realidad también se impone para su principal rival electoral: Alberto Fernández fue jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), con medidas polémicas, como las duras restricciones cambiarias, que hasta él mismo cuestionó abiertamente.
Ahora, la compleja situación, con una economía que caerá este año un 2,9%, una inflación cercana al 55%, un alto nivel de deuda y tasas de pobreza y desempleo al alza, impone al postulante peronista, de llegar a la presidencia, un perfil moderado para lograr los acuerdos necesarios que permitan al país salir del atolladero.
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Fernández considera que el alto endeudamiento –68 % del PIB, según el Gobierno– es el principal condicionante para volver a crecer y, por tanto, uno de los primeros problemas a resolver.
En agosto pasado, en medio de las severas tensiones financieras, el Gobierno de Macri aplazó el pago de títulos de corto plazo y anunció su intención de negociar una extensión de los vencimientos de deudas de medio y largo plazo con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Macri entiende que ese “reperfilamiento” debe hacerse de manera “amigable”, sin quita de capital ni intereses.
Fernández coincide: no piensa en una reestructuración agresiva como la de 2005, cuando se logró una quita del 65,4%, sino en una reprogramación de los plazos de pago que extienda los vencimientos y le de tiempo al país para volver a crecer sin el condicionante inmediato del pago de sus deudas.
Una renegociación con el FMI seguramente incluirá exigencias de reformas estructurales, como cambios en el marco laboral que ambos candidatos estarían dispuestos a hacer, aunque en el caso de Fernández no se inclina por una reforma laboral transversal sino sector por sector.
Para atacar el lastre de la inflación, Macri insiste en el enfoque monetarista.
Fernández cree que la política monetaria no basta para bajar la inflación y promueve un pacto entre patronales y sindicatos para frenar el alza de precios y recomponer el salario real para incentivar el consumo.
Para Fernández el otro gran pilar para reactivar la economía es la exportación que puede aportar a Argentina las divisas que necesita para financiarse.
Fernández plantea una política de fuerte promoción de las exportaciones, particularmente con incentivos en el sector de los hidrocarburos no convencionales –que, además, es generador de mano de obra intensiva–, pero también potenciando las mineras, industriales y agropecuarias.
Aunque Fernández ha sido un férreo crítico del fuerte ajuste fiscal pactado en 2018 entre Macri y el FMI, los asesores del peronista hablan de desarrollar una política fiscal “sólida” y “sobria” y una política monetaria no expansiva.
Defienden además una política de intervención cambiaria administrada, no muy diferente a la que ahora lleva al Banco Central argentino a actuar ante variaciones significativas en el tipo de cambio, y cuestionan las restricciones a la compra de divisas como las impuestas en el segundo mandato de Cristina Kirchner o las decretadas últimamente por Macri.
Son, según Alberto Fernández, “atajos para coyunturas” que no pueden sostenerse “eternamente”.