MONTEVIDEO (AFP). “La democracia en Uruguay está muy firme y hay que cuidarla ante los riesgos”, dijo Tabaré Vázquez, en un último mensaje antes de la votación, para la que están convocados 2,6 millones de electores.
La votación será una prueba de fuego para el Frente Amplio, coalición de izquierda que gobierna desde 2005 y que enfrenta los comicios con una economía estancada, inflación por encima del techo de la meta oficial (7,56%), fuerte desempleo de 9% y una degradación de los indicadores de seguridad que fueron tema central de la campaña electoral.
Balotaje en la mira
Las elecciones se encaminan a una segunda vuelta, según los sondeos de opinión, toda vez que ninguno de los postulantes se alce con mayoría absoluta de los votos hoy.
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Con 40% de las intenciones de voto, el candidato oficialista y ex alcalde de Montevideo Daniel Martínez va a la cabeza pero no tiene asegurada la presidencia. El ex senador Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (centroderecha), le sigue con 28% de las intenciones de voto.
A diferencia del Frente Amplio, que no tiene socios claros al momento de buscar alianzas para lograr una mayoría en segunda vuelta en noviembre, Lacalle Pou cosechará apoyos en el arco opositor, compuesto mayoritariamente por el liberal Partido Colorado (13%) del economista Ernesto Talvi, y el derechista y debutante Cabildo Abierto (11%), liderado por el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos.
El próximo presidente asumirá el primero de marzo de 2020.
La seguridad
La pobreza es baja comparada con otros países de la región, en 2018 se ubicó en 8%; y pese a ser considerado durante mucho tiempo un remanso de paz, Uruguay ha registrado un importante aumento de la criminalidad y ocupó este año las páginas de los diarios internacionales como país de tránsito de importantes cargamentos de cocaína incautados al llegar a Europa.
Por ello, además de votar las fórmulas presidenciales, los uruguayos se pronunciarán por una reforma constitucional de seguridad que ha despertado polémica, en un país que registró un récord de homicidios en 2018 (414), con un alza de 45% respecto a 2017.
La reforma promueve la creación de una guardia nacional con efectivos militares en tareas policiales; la creación de la cadena perpetua “revisable” a los 30 años para delitos graves; penas más duras de prisión para homicidas y violadores, y la autorización de allanamientos nocturnos de hogares por orden judicial en caso de sospecha de ilícitos.
Según encuestas publicadas esta semana, entre 39% y 53% de la ciudadanía se declara favorable a la propuesta.