LA PAZ (AFP). “Luego de la querella por delitos de sedición y terrorismo (que tramita la fiscalía boliviana), en los próximos días se presentará otra demanda, por crímenes de lesa humanidad en La Haya”, dijo Arturo Murillo, ministro de Gobierno (Interior), a la radio oficial Patria Nueva.
La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, es el órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Morales dimitió el 10 de noviembre tras confirmarse el fraude electoral cometido en las elecciones del 20 de octubre pasado, cuando perdió el apoyo de su base política, empezando por la poderosa Central Obrera Boliviana, y otros grupos obreros, indígenas y campesinos.
El exgobernante es investigado respecto de un audio en el que se escucha una voz atribuída a Morales, que llama a cercar las ciudades y cortar el suministro de combustible y alimentos, como efectivamente ocurrió.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El exmandatario, que gobernó el país durante casi 14 años, “debe responder ante la justicia por lo que ha hecho y está haciendo, además de sus cómplices que tienen participación en los luctuosos hechos que vivieron los bolivianos”, agregó Murillo.
Bolivia se vio sacudida por violentas manifestaciones de los partidarios más radicales de Morales, los únicos que se manifestaron a su favor tras su dimisión.
Estos alegan que se dieron numerosos muertos, pero no se ha podido realizar ninguna investigación independiente que permita esclarecer los hechos.
El propio partido de Morales, el MAS, y los grupos que antes le habían apoyado, han acordado con el gobierno interino buscar una salida política con elecciones, lo antes posible, para lo que el Congreso, con apoyo masista, anuló las elecciones fraudulentas del 20 de octubre.
Morales, ahora asilado en México, había denunciado el miércoles que Interpol lo estaba buscando en América del Sur “por delitos que no existen”.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, desmintió esa información, y el gobierno interino indicó que hasta ahora no se ha pedido la intervención de la Interpol, pues recién se ha realizaod la denuncia en la Fiscalía boliviana, y aun no se ha dado andadura al proceso judicial propiamente dicho.
Mientras, el ministro Murillo se hizo eco de protestas públicas sobre la presencia en el país de un grupo de activistas filocomunistas que llegó el jueves, procedente de Argentina, para supuestamente investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos contra los partidarios de Morales.
“Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando (...) a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado”, dijo Murillo.
“No hay tolerancia con el terrorismo, con la sedición ni con movimientos armados. Cero tolerancia”, agregó.
Una grabación comprometedora
“Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, se escucha en el video a la voz identificada como perteneciente al exgobernante Evo Morales, en la que se basa la acusación del gobierno interino boliviano.
En la grabación, Morales también recuerda que cuando le expulsaron del Congreso boliviano en 2002, siendo diputado, habían hecho también bloqueos para que pueda retornar al Parlamento, como al final ocurrió.
“Ahora me expulsan de Bolivia, hagan bloqueo hasta ganar”, agrega en el audio.
Las acciones de los partidarios más radicales de Morales siempre han sido violentas, tanto en le pasado como ahora, incluso con el uso de dinamita.