El parlamentario de 38 años negó los cargos de desvíos y “lavado”.
La Fiscalía allanó varios inmuebles pertenecientes a él, a sus exaesesores de la Asamblea Legislativa de Río y a la segunda exesposa del presidente Bolsonaro.
La orden fue ejecutada tras un informe presentado por el Ministerio Público de Río que levanta sospechas sobre la participación de Flávio Bolsonaro en un esquema de desvío denominado “rachadinha”, en el cual los empleados, existentes o fantasmas, devuelven al legislador una parte del salario que reciben.
El caso salió a la luz pública a fines de 2018, después de que el organismo de control de movimientos financieros (COAF) descubriera giros atípicos entre 2016 y 2017 en una cuenta de Fabrício Queiroz, exchofer y asesor de Flávio Bolsonaro.
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Existen indicios de que el dinero proveniente de la “rachadinha” habría sido lavado mediante la compra y venta de apartamentos en el barrio de Copacabana, en Río de Janeiro, y de la inyección de dinero en una chocolatería de la que Flávio es socio, según el informe fiscal.
La defensa del senador Bolsonaro solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF), a través de un recurso de habeas corpus, la suspensión de las investigaciones.