BUENOS AIRES (EFE). Mohsen Rabbani es, junto a otros ex altos cargo iraníes, uno de los imputados por la Justicia argentina por la autoría intelectual del atentado, que en 1994 dejó 85 muertos y sigue impune, algo que el país islámico siempre ha negado.
“Pienso que lo mataron (...). Irán no tiene nada que ver con AMIA. Los que lo hicieron, ellos mismos están amenazando porque no dejan aclarar, no dejan que la gente conozca la realidad. Cuando Nisman quiere ir a la Asamblea Nacional argentina, a la noche dicen que ha fallecido, que ha muerto, ¿Quién lo mató?”, destacó desde Irán a Radio 10 de la capital argetina.
El 18 de enero de 2015, Nisman, que investigaba la causa AMIA, fue encontrado muerto en su casa de Buenos Aires, el día previo a su comparecencia en el Congreso para detallar su denuncia contra la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández (2007-2015), de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado, un suceso que fue catalogado inicialmente como “muerte dudosa”.
“¿Por que cuando quería testimoniar este hombre Nisman, o aclarar a los diputados, por qué lo mataron? ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejan que la gente en Argentina conozca la verdad?”, agregó Rabbani.
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Pericias de 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), apuntaron a un posible homicidio llevado a cabo por dos personas que golpearon, drogaron y asesinaron a Nisman, una teoría que la Justicia comenzó a investigar.
Sin embargo, el nuevo Ejecutivo del peronista Alberto Fernández –que tiene a Kirchner como vicepresidenta– cuestiona ese informe y pidió revisarlo, y el propio presidente dijo que no hay “ni una sola prueba seria” que diga que fue un homicidio.
Las investigaciones concluyeron que el atentado contra AMIA, con 85 muertos, tuvo como responsables directos a altos jerarcas del gobierno iraní y el grupo terrorista Hezbolá, aliado del régimen de Teherán.
Fruto de estas pesquisas, pesan sobre los acusados órdenes de captura internacional en la Interpol.
Según la investigación del fiscal Alberto Nisman, la firma de ese protocolo (2013) buscaba limpiar la imagen de los acusados iraníes, pues el gobierno de Cristina de Kirchner pretendía cerrar tratos comerciales con Irán.
El protocolo daba una serie de facilidades a los acusados, como que los jueces argentinos tendrían que ir hasta Irán para tomar las declaraciones, y que éstas no serían más que meras exposiciones testimoniales, pues no serían vinculantes a la causa.