Según detalla el diario Clarín, el gabinete de Fernández estudia la posibilidad de “cancelar la deportación de migrantes” que hayan cometido algún delito en territorio argentino.
La posible derogación del decreto de política migratoria se da luego que organismos de derechos humanos y colectivos de migrantes fueran recibidos en la Casa Rosada.
La polémica desata por ese decreto migratorio llegó a la Corte Suprema argentina que aún debe resolver la “inconstitucionalidad” solicitada por la Comisión Argentina para Refugiados e Migrantes, y el Colectivo por la Diversidad, refiere el medio de comunicación.
En enero de 2017, la exministra de Seguridad, del gobierno de Macri, Patricia Bullrich había declarado que es necesario “ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú”, porque –señaló– el 33% de los presos por narcotráfico son extranjeros.
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Datos de la Dirección de Migraciones de Argentina, de 2017, refieren que la población penitenciaria extranjera entre el 2002 y 2015, pasó de 2.183 a 4.307; de los cuales 1.400 son de Paraguay, 782 de Perú, 731 de Bolivia, 350 de Chile, 330 de Uruguay, 267 de Colombia y 447 de otras nacionalidades.
Los principales movimientos migratorios entre Paraguay y Argentina se registran en el paso Encarnación-Posadas; Nanawa-Clorinda; y Puerto Falcón-Clorinda (Puente San Ignacio de Loyola), y el aeropuerto de Ezeiza.