La intención de esta acción judicial es para que se aplique “una verdadera justicia” y que estén procesados “los principales involucrados en esos hechos”, aseguró el abogado Carlos Alarcón, integrante de la alianza electoral Comunidad Ciudadana (CC) que encabeza el expresidente Mesa.
El memorial que se presentó en Sucre, capital de Bolivia y sede de la Fiscalía General del Estado, pide incluir en la investigación por supuesto fraude electoral al expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.
Romero ha sido encarcelado preventivamente en una penitenciaría de La Paz, en un proceso por corrupción.
Quintana y Arce están en la residencia de la Embajada de México en La Paz desde el pasado octubre, luego de que Morales saliera del país, tras confirmarse el fraude electoral con el que pretendía mantenerse en el poder.
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Al día siguiente partió hacia México, para luego trasladarse a Argentina en diciembre, donde solicitó refugio, y desde hace un par de días a Cuba.
Alarcón señaló que la causa que el fiscal general, Juan Lanchipa, abrió el 10 de noviembre pasado solo incluyó a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y “es completamente insuficiente, parcial e incompleta”.
Esa acción fue posterior a un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que identificó el fraude electoral y que se conoció en la madrugada de esa jornada.
La Justicia boliviana encarceló preventivamente a los siete exvocales electorales, aunque después uno de ellos se le otorgó la detención domiciliaria.
El jurista explicó que la ampliación de la denuncia a Morales y algunos de sus colaboradores busca sentar un precedente “aleccionador”, además un resarcimiento de los más de 31 millones de dólares que se utilizaron en la elección, luego anulada, y que debieran reponer al Estado “todos los responsables”.