El magistrado Edson Fachin dictaminó que, mientras dure la crisis sanitaria, las operaciones policiales en las zonas pobres de la ciudad solo podrán usarse en casos “absolutamente excepcionales”, y únicamente con autorización previa de la oficina del fiscal estatal.
“Incidentes recientes han hecho que las operaciones armadas del estado en las comunidades de Río de Janeiro sean aún más preocupantes”, dijo el alto tribunal.
La policía de Río ha sido acusada con frecuencia de excederse en el uso de la fuerza. Operaciones policiales dejaron más de 1.800 personas muertas en todo el estado el año pasado, un 18% más que en 2018.
“Los protocolos sobre el uso de la fuerza (por parte de la policía) ya eran precarios. La pandemia, que ha provocado que las personas pasen la mayor parte del tiempo en casa, ha hecho que la utilidad de esos protocolos sea cuestionable y el riesgo aún mayor”, agregó.
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Fachin mencionó en particular el caso de un niño de 14 años, João Pedro Mattos Pinto, que fue asesinado a tiros en su casa durante una redada policial en la favela del Complejo de Salgueiro el 18 de mayo.